Ley para la modernización fiscal, un arma poderosa contra la desigualdad

-Escrito por Gloria Reyes

Nuestro país ha dado pasos importantes en la reducción de la pobreza en los últimos años. Antes de la pandemia, más del 25% de la población se encontraba en situación de pobreza monetaria, y, pese a los desafíos globales como la crisis sanitaria y los efectos económicos de conflictos internacionales, esta cifra ha descendido de manera notable. En el primer semestre de 2024, la pobreza monetaria alcanzó el nivel más bajo en la historia del país, situándose en un 18.9%, frente al 23% en 2023 y al 25.8% en 2019. Este avance se debe en gran parte a una gestión eficiente del gasto público y a políticas sociales que han priorizado el desarrollo de capacidades productivas y la autonomía de las poblaciones más vulnerables.

Parte del éxito ha sido impulsado por políticas sociales como las transferencias monetarias condicionadas, que han llegado a 1.5 millones de hogares. Estos programas no solo aseguran la cobertura de necesidades básicas inmediatas, sino que también promueven que las personas desarrollen capacidades para generar sus propios ingresos a largo plazo. La inversión en áreas como la construcción de viviendas para los sectores más vulnerables, el acceso al agua potable y el fortalecimiento de los subsidios para alimentos, gas y electricidad han sido clave para mantener este ritmo de reducción de la pobreza.

No obstante, tradicionalmente gran parte de la inversión pública se ha sostenido mediante el aumento de la deuda pública. A pesar de que la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) se mantiene controlada luego de la pandemia del COVID en el 2020, representando el 56.6% del PIB en 2023, es evidente que este modelo de financiamiento no puede prolongarse indefinidamente. Para garantizar la sostenibilidad de las políticas de lucha contra la pobreza, es fundamental incrementar la capacidad de recaudación del Estado, y aquí es donde la ley para la modernización fiscal propuesta por el gobierno se presenta como un arma crucial en la lucha contra la desigualdad.

La Ley para la modernización fiscal se basa en cuatro principios fundamentales:

Recaudar para la protección social: El gobierno busca ampliar los programas sociales, no solo para mitigar los impactos en la población más vulnerable, sino para aumentar las oportunidades de desarrollo humano y económico.

Inversión pública y gastos priorizados: La inversión en infraestructura ha sido históricamente baja, situándose en un 2.7% del PIB, comparado con el 3.1% promedio en América Latina. El objetivo es aumentar esta inversión al 5% del PIB para fortalecer áreas críticas como el transporte, la salud y el desarrollo municipal.

Reglas claras e iguales para todos y persecución de la evasión fiscal: La ley busca eliminar privilegios fiscales y garantizar que todas las empresas, grandes o pequeñas, compitan en igualdad de condiciones. A su vez, el gobierno está decidido a combatir la evasión fiscal, que actualmente afecta gravemente la recaudación.

Simplificación y modernización del sistema tributario: Esta transformación busca reducir los niveles de informalidad, ampliar la base impositiva y hacer que el sistema sea más eficiente y accesible para los contribuyentes.

Es decir, de los cuatro principios citados, tres impactan directamente las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. De este modo, puede decirse que esta ley es la más integral de la historia reciente del país, a la vez que se convierte en la pieza tributaria más equitativa que se haya hecho jamás en la República Dominicana.

Y esto se evidencia en la previsión de incrementar el monto actual del subsidio Aliméntate en un 21%, hasta alcanzar los 2000 pesos mensuales. Asimismo, el salario mínimo del sector público se llevará a RD$15,000. De este modo, se incrementa el ingreso de los hogares dominicanos, generando mayores posibilidades de acceso a bienes y servicios esenciales. 

Uno de los ejes más importantes de la ley es su enfoque en las Mipymes, que representan una parte esencial de la economía dominicana. Con la simplificación del régimen tributario y la mejora de las condiciones de financiamiento, las Mipymes tendrán mayor margen para operar con autonomía, lo que se traduce en más empleos y mayor estabilidad para las familias que dependen de este sector.

Asimismo, la ley de modernización fiscal está diseñada para que las familias en situación de vulnerabilidad reciban mejores servicios públicos, como acceso a salud y educación de calidad, mientras se fortalecen las redes de seguridad social. A través de estas mejoras, se espera que las personas no solo dependan de subsidios, sino que puedan mejorar sus condiciones de vida y generar ingresos de manera más sostenible.

El objetivo central de la ley es que la inversión en sectores clave, como la salud, el transporte público y el desarrollo municipal, se traduzca en una mejora tangible de la calidad de vida de las personas. Para el sector salud, se proyecta una inversión de RD$ 10,870 millones anuales, mientras que el sector del transporte recibirá una inyección de RD$ 35,272 millones. Esto, a su vez, creará un entorno más equitativo, donde las desigualdades entre regiones y entre grupos socioeconómicos se reduzcan considerablemente.

Dicho en términos más llanos: nuestro país tiene en sus manos la posibilidad de incrementar de forma exponencial su capacidad de generación de bienestar e igualdad para todas las personas. El aumento en la recaudación fiscal, tanto por los ajustes tributarios como por la persecución de la evasión fiscal, facilitará que los hogares de las comunidades más pobres reciban un alivio económico que se traducirá en oportunidades para acceder a mejores condiciones de vida.