Encuestas en descrédito: ¿Hasta dónde se acepta el margen de error?

Solo unas cuantas lograron acertar con los resultados finales de la JCE . 

Por Martín Severino  

Santo Domingo, RD.– Luego de que la Junta Central Electoral (JCE) diera a conocer, el pasado 25 de mayo, a través de la resolución 41-2024, los resultados finales de los comicios de nivel presidencial, se constató que las proyecciones de algunas firmas encuestadoras estuvieron divorciadas de los porcentajes que finalmente obtuvieron los candidatos.  

En el caso del presidente de la República y candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, el órgano electoral determinó que este ganó las elecciones con un total de 2,507,297 votos, el 57.44 % del total de los sufragios. 

Detrás del reelecto presidente, ocupando las posiciones dos y tres, quedaron el expresidente Leonel Fernández, quien fue el candidato del partido Fuerza del Pueblo (FP) con 1,259,427 votos, equivalentes a un 28.85 %; y el exalcalde de Santiago y candidato del Partido de la Liberación (PLD), Abel Martínez, que logró obtener 453,468 votos y quedar con el 10.39 %. 

Otros candidatos presidenciales y sus resultados fueron Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que registró un 0.45%; Roque Espaillat, del Partido Esperanza Democrática (PED), un 1.35%; Virginia Antares, de Opción Democrática (OD), 0.58%; Carlos Peña, de Generación de Servidores (Gens), 0.72%; María Cabrera, del Frente Amplio (F. Amplio), 0.14%, y Fulgencio Severino, del Partido Patria para Todos (PPT), 0.06%. 

Lo que llamó la atención de los resultados alcanzados por cada candidato en el pasado torneo electoral es la falta de congruencia de algunas firmas encuestadoras, cuyos vaticinios quedaron distantes de los resultados cuantificados al final del proceso electoral por la JCE. 

Este es el caso de las firmas Axciona, el Centro Económico del Cibao y ABC Marketing, las cuales vaticinaron que el presidente Luis Abinader ganaría con un 67 %, un 66.5 % y un 64.8 %, respectivamente, datos que estuvieron equivocados por 10, 9 y 8 puntos porcentuales de diferencia con los resultados finales. 

Pero los desaciertos no se quedaron únicamente en la persona del primer mandatario, ya que, en el caso de Leonel Fernández, las empresas evaluadoras Greenberg, Mark Penn y Gallup, que le asignaban entre un 24 y 25 por ciento, se quedaron cortas tras la JCE dar a conocer en los resultados finales que el exmandatario obtuvo el 29.3% del total de los votos. 

En el caso de Abel Martínez, a quien desde antes de que iniciara el proceso electivo se conocía que terminaría quedando en el tercer puesto, otras firmas encuestadoras también incurrieron en equivocaciones en sus predicciones, ya que estás señalaban que este obtendría entre 13 y 15 %. Sin embargo, este solo alcanzó 10.2 % de los votos totales.  

Es importante señalar que, a pesar de sus fallas con la candidatura de Fernández, las firmas Mark Penn, Greenberg, CIES Internacional y Gallup se acercaron a una gran escala en lo referente al actual gobernante, Luis Abinader, ya que estás auguraban que obtendría entre 55 y 60 por ciento, y este término alcanzando un 57.44 %. 

Las de los peores vaticinios 

Algunas firmas encuestadoras estuvieron tan desacertadas que se atrevieron a vaticinar, en diciembre del 2023, que Leonel Fernández obtendría 40.31 % de los votos, Luis Abinader 38.6 % y Abel Martínez 16.2 %. Este fue el caso del Centro de Investigaciones y Estadísticas (CIE). 

El 3 de mayo, 16 días antes de las elecciones, la firma Consulting Research Group, reflejaba un seguro escenario de segunda vuelta en donde el balotaje sería entre el candidato del PRM y el aspirante por el PLD. 

Según Consulting Research Group Luis Abinader obtendría 41.1 %, Abel Martínez un 30.4 % y Leonel Fernández 21.6 %. 

¿Qué dicen los expertos? 

En una entrevista exclusiva para El Avance, el politólogo David La Hoz, consideró que no hubo ningún tipo de engaño en los resultados mostrados durante la pasada campaña electoral por las firmas encuestadoras, debido a que lo presentado son evaluaciones de las posiciones de los partidos que les permiten conocer los puntos que deben mejorar y en los cuales están más sólidos. 

La Hoz afirmó que el verdadero problema con las encuestas es que estas deben ser supervisadas y reguladas por la JCE, labor que le ha sido imposible cumplir al órgano electoral, por tal razón, muchas veces los resultados que se entregan al público no cumplen con los requerimientos científicos necesarios para que sean totalmente confiables. 

“Quien tiene que establecer la forma correcta de hacer unas encuestas científicas y supervisarlas es la Junta Central Electoral, y ahí es donde estamos teniendo dificultades porque la Junta todavía no ha asumido porque parece que no tiene el personal para la supervisión”, manifestó La Hoz. 

Manifestó que otro de los problemas que vicia el proceso de consulta es cuando las firmas, por directrices de los partidos, intentan influir en el electorado, sin la regulación competente, buscando de esta manera que los resultados de las encuestas arrojen datos que vayan a favor de la organización política que la paga. 

El también catedrático entiende que la JCE necesita crear áreas o departamentos que se encarguen de la supervisión de las encuestas, las cuales cuenten con un personal calificado, integrado por sociólogos, estadígrafos y politólogos. 

“Aquí hay dificultad con eso, incluso el personal informático de la Junta a veces se dice que tiene deficiencias. La politología no tiene todavía el espacio que debiera en la sociedad dominicana y los sociólogos son pocos, juntos con los estadígrafos, que también son muela de gallina, como se dice en la calle”. 

Sobre la falta de congruencia entre los datos finales de las elecciones y los entregados a los candidatos, el politólogo señaló que todos los candidatos tienen los números reales y que estos están conscientes de la realidad, añadiendo al mismo tiempo que esa es una muestra más de que debe existir una verdadera supervisión de la institución encargada del montaje de los comicios. 

Condenó el hecho de que algunas encuestadoras, que en ocasiones solo aparecen en tiempos electorales y luego desaparecen, ofrecen datos sin la evidencia científica necesaria, lo que calificó como una falta de ética y profesionalidad y reiteró que este es un tema que debe ser atendido por la JCE. 

Asimismo, expresó que también los empresarios envían a realizar estas consultas, quienes de igual modo conocen la realidad de los números de todos los candidatos que participan en una justa electoral. 

¿Qué nos espera para el 2028? 

La Hoz consideró que para la campaña electoral del 2028 estas firmas encuestadoras deben ser reguladas por la JCE, quienes deben lograr crear las condiciones que permitan que las informaciones que salgan a la luz pública no sirvan para desinformar a la población y crear confusión entre el electorado. 

De su lado, el también politólogo y director de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Hidian Medina, criticó el hecho de que estas empresas temporales no muestren la profesionalidad necesaria para llevar a cabo procesos tan serios y delicados y que solo se beneficien de las políticas de libre mercado que les permiten operar en el país, siempre y cuando cumplan con los requisitos de ley, para accionar en la previa de las elecciones. 

Declaró que son las “encuestadoras fantasmas”, las que crean confusión entre los electores al no usar la metodología correcta en las mediciones y que si se hace una evaluación a todas estas es claramente visible ver como las firmas tradicionales son las que por lo general atinan o más se acercan a los resultados finales. 

“Si son firmas que aparecen como firmas cosméticas la gente no le da ninguna credibilidad, es por eso que se observa que la gente verifica una serie de sondeos que se dan a conocer al público y no le hacen ningún caso porque no se sienten confiados de esos sondeos, sin embargo, esperan los resultados de firmas como Gallup y otras que se encuentran raqueadas”. 

Los politólogos entrevistados consideran que la tendencia actual de las firmas encuestadoras pone en duda la credibilidad de estas frente a la población. 

Medina hizo un llamado para que estas compañías tomen conciencia de que los datos que recogen tienen el poder de crear un efecto psicológico en el comportamiento de los votantes. “Las empresas que desconozcan la responsabilidad que conlleva realizar esas mediciones es mejor que no las lleven a cabo”, puntualizó, 

Al igual que La Hoz, Medina entiende que la JCE puede regular el accionar de las empresas que se dedican a realizar las consultas, pero que hay que ver hasta qué punto pueden hacerlo, ya que las encuestas funcionan como mecanismos de trabajo. 

Para la miembro del movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, conocer la opinión de la población sobre cómo van los procesos electorales y las candidaturas siempre ayuda a que la ciudadanía conozca hacía que aspirante se están inclinando la mayoría de las intenciones de voto. 

No obstante, Lorenzo lamentó que en muchos casos algunas encuestadoras no llevan el proceso técnico que se necesita para que sea una medición con la suficiente fiabilidad que permita mostrar lo que podría ser una tendencia con relación al voto de la ciudadanía. 

“Muchas veces hay intereses particulares que se atraviesan, entonces la calidad profesional de muchas encuestadoras queda cuestionada porque sus resultados se alejan mucho de los resultados que al final hay en la contienda electoral”, afirmó Lorenzo. 

Precisó que la JCE cuenta con un formulario que indica el lineamiento que deben cumplir las empresas que realizan los sondeos, pero que otra cosa es que las encuestadoras realicen el proceso técnico de elaboración de una encuesta con todos esos procedimientos que se necesitan para que esa muestra sea realmente representativa. 

Los expertos consultados por El Avance coincidieron en que se hace profundamente necesario que se conozca el cómo y dónde se realizan las mediciones, de manera tal que el carácter científico de esas consultas quede certificado. 

Afirman que, si no hay validez metodológica en la realización de las encuestas, no se pueden presentar los resultados al público.