José Luis Taveras se defiende ante críticas: "nunca firmé contrato con la CJPE ni he recibido retribución"

Santo Domingo.- Pese a haber sido nombrado por un decreto presidencial, recientemente el licenciado José Luis Taveras, uno de los coordinadores del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), ha utilizado la red social X (antiguo Twitter) para declarar con respecto a las características de su rol en la comisión de abogados designada para la recuperación de bienes públicos. En sus declaraciones, Taveras enfatizó que, a pesar de haber sido nombrado por decreto presidencial como miembro del equipo, nunca formalizó un contrato con la Comisión Judicial de Persecución del Estado (CJPE) ni recibió compensación alguna por sus servicios.

"Aclaro: no obstante ser nombrado por decreto miembro de la comisión de abogados de recuperación del patrimonio público, agradecí al presidente la designación, más nunca firmé contrato con la CJPE ni he recibido retribución. El contrato es público. Leerlo en la web de la comisión".

"Colaboré inicialmente y pro bono en la organización de la comisión, formada por abogados preparados que han hecho un trabajo de altísima calificación".

El coordinador también hizo referencia al contrato que rige las actividades del equipo, señalando que el mismo es de acceso público y puede ser consultado en el sitio web oficial de la comisión, invitando a cualquier interesado a verificar la información.

Las declaraciones de Taveras surgen en medio de un contexto judicial complejo, donde el juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recientemente rechazó un recurso de inconstitucionalidad relacionado con el decreto presidencial que estableció el ERPP. El magistrado respaldó las actuaciones del equipo y reconoció al Estado dominicano como víctima en el caso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros implicados en actos de corrupción.

El fallo judicial también incluyó la negativa a devolver varios bienes de lujo, como una villa en Casa de Campo y un yate, al exprocurador Rodríguez, mientras que el Ministerio Público continúa acusándolo de diversos delitos como enriquecimiento ilícito, soborno y lavado de activos.

El coordinador destacó que su colaboración desde el inicio ha sido voluntaria y pro bono, enfocada exclusivamente en contribuir al esfuerzo por recuperar activos del Estado presuntamente desviados por actos de corrupción.