Acusados en caso Calamar devolverán más de RD$1,350 millones al Estado

República Dominicana. – Luego de los acuerdos de oportunidad realizados por los siete implicados en el caso de corrupción Calamar con la Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (PEPCA), los acusados devolverán al Estado dominicano más de mil trescientos cincuenta y ocho millones novecientos cincuenta y siete mil siete pesos (RD$1,358,957,007).

 A través de los diferentes acuerdos compartidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en su página web, se especifica los acuerdos que realizaron con José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera, Camilo Andrés Peña Hernández, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Ramón Emilio Jiménez Collie, alias Mimilo. Todos testificarán en contra de los imputados en este caso.

Fernando Crisóstomo Herrera, devolverá RD$1,101,770,078.50, dinero que será entregado en cheques a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otro bien.

Este acusado tenía una “estructura no gubernamental” según establece la procuraroría que distraía fondos públicos y los entregaba a Ramón Emilio Jiménez, conocido como Mimilo y este a su vez a los demás miembros del entramado.

La Pepca especifica que Fernando Crisóstomo identificaba y captaba casos que podían ser de reclamos de pagos de deuda administrativa al Estado, por pagos de expropiación de terrenos y compras fraudulentas de terrenos, pagados con el procedimiento de deuda administrativa a través del Ministerio de Hacienda.

“El Ministerio Público procede a aplicar un criterio de oportunidad, de conformidad con las disposiciones del artículo 370.6, en beneficio del procesado Fernando Crisóstomo Herrera, en virtud de que el procesado ha mostrado arrepentimiento en su participación en la comisión de los hechos, que, a pesar de ser acciones tipificadas, antijurídicas y culpable, en el juicio de valor del Ministerio Público, razonablemente entiende como justo en su facultad persecutora con la adquisición de los querellantes y actores civiles”, dice el criterio de oportunidad.

En este orden, Ramón Emilio Jiménez Collie devolverá RD$715,000,000.00, en efectivo y muebles e inmuebles.

“El procesado deberá testificar con respecto a la información que conoce y a los involucrados que componen la asociación de malhechores que se dedica a este tipo de actividades en perjuicio del Estado dominicano, ya que se ha tomado como punto de partida para llegar al presente acuerdo en beneficio del mismo, su arrepentimiento y su intención de cooperar para someter a los demás responsables”, dice el Ministerio Público.

José Arturo Ureña Pérez, entregará RD$500,000,000.00. Este empresario admitió haber recibido la misma cantidad que entregará a través de Fernando Crisóstomo. Fue un intermediario entre Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo.

“Los querellantes y actores civiles; el equipo de recuperación del Patrimonio Público, conforme los términos arribados en el presente acuerdo desisten de cualquier acción penal y civil, en contra del procesado José Arturo Ureña Pérez”, dice el tercer punto del acuerdo.

Baldemar Andriw Ovalle Sánchez entregará RD$32,000,000.00

Este hombre, de acuerdo al criterio de oportunidad, ya entregó este dinero de manera voluntaria, mediante cheque de administración de Banreservas núm. 21482351, de fecha 27 de marzo del 2024, a nombre de la procuraduría general de la República.

Camilo Andrés Peña Hernández devolverá al Estado dominicano RD$1,780,000.

“Por medio del presente Criterio de Oportunidad, el investigado Camilo Andrés Peña Hernández, conjuntamente con su defensa técnica, autoriza que sea decomisado en favor del Estado dominicano, la cantidad de un millón setecientos ochenta mil pesos (RD$1,780,000.00), los cuales fueron entregados de manera voluntaria por el procesado mediante cheque de administración del Banco Popular núm. 5410533, de fecha 18 de marzo del 2024.

Belkis Antonia Tejada Ramírez y Natalia Cesarina Beltré Torres devolverá dos inmuebles.

“Los procesados Belkis Antonia Tejeda Ramírez, Grupo DIBEFE, S.R.L. y Natalia Cesarina Beltré Torres, por medio del presente acuerdo, conjuntamente con sus defensas técnicas, autorizan que sea decomisado en favor del Estado dominicano, los dos inmuebles descritos a continuación: Inmueble ubicado en la Calle Teodoro Chasseriau, No. 5267, sector las Praderas, Distrito Nacional.