Legisladores abiertos a revisar y modificar sanciones Ley 63-17 de Tránsito

Santo Domingo.- Ante el caso en el que murió atropellado el hijo del presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, el vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo y proponente de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial Crespo, sostuvo que no se opone a la modificación de la legislación que proponen algunos sectores.

No obstante el congresista aseguró que la pieza contempla agravantes que podrían  conllevar a la pena mayor y que vía el Código Penal, también se puede lograr condena si se demuestra que el hecho en cuestión, se trató de un homicidio involuntario.

Otros legisladores de distintos partidos, se mostraron a favor de que la pieza sea revisada y de ser necesario, modificada.

Tobías Crespo, sostuvo que "dejar abandonada a la víctima es una de las seis agravantes que está fuera del artículo 304, que permite que la víctima o la defensa de la víctima o el Ministerio Público, porque esto es de orden público y es penal, pueda pedirle al juez una pena más agravada hasta el máximo".

El legislador agregó que si el Ministro Público o el abogado tiene la sagacidad de demostrar con las agravantes que hubo una intención de afectar la vida o la salud de esa persona, en vez de tomar el artículo 303 y 304 de la Ley 63-17 puede irse al Código Penal, pero tiene que demostrar que fue un asesinato, un homicidio no culposo ni involuntario, sino intencional.

De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Ramón Bueno, considera que la ley debe ser vista y revisada por la Comisión de Justicia.

Asimismo, el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Sócrates Pérez, indicó que la ley debería ser revisada, ya que entiende que en caso del abandono de víctimas debería ser más drástica

En tanto que, el congresista oficialista, Elías Báez, expresó que es pro de que las leyes se cumplan, ya que tiene sus agravantes, aunque resaltó no está de acuerdo en agravar penas, porque no se cumplen.

El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, abogó por la modificación de la nueva ley de tránsito bajo el argumento de que tres años no es pena suficiente cuando existen tantos agravantes como los que habría cometido la ciudadana venezolana que atropelló mortalmente a su hijo.