Milei ataca a la Justicia argentina tras decisión de repartir alimentos retenidos

Buenos Aires, Argentina.- En medio de una creciente tensión entre el Gobierno liderado por Javier Milei y el sistema judicial argentino, ha comenzado la distribución de alimentos retenidos que había sido objeto de disputa legal. Esta acción se produce después de una serie de confrontaciones entre el Ejecutivo y la Justicia, marcadas por fuertes críticas y acusaciones.

La audiencia judicial que confirmó la orden para la distribución de alimentos, incluyendo leche en polvo, fue seguida de cerca por un público expectante, consciente de la importancia de esta medida para los sectores más vulnerables de la sociedad. Según informes, la cantidad de comida retenida que se encontraba cerca de su fecha de vencimiento era significativa, calculándose en al menos 465.000 litros de leche.

Sin embargo, la distribución de estos alimentos no está exenta de polémica. Se ha observado una disparidad en la asignación de recursos, con una cantidad considerable destinada a la provincia de Mendoza, donde el gobernador mantiene una alianza con el Gobierno, mientras que otras regiones, como Buenos Aires, reciben una porción mínima en comparación.

Las críticas hacia el Gobierno, especialmente desde organizaciones sociales y comedores populares, han sido vehementes. Se denuncia una falta de transparencia en el proceso de distribución y se argumenta que la intervención judicial fue necesaria para garantizar el acceso equitativo a los recursos alimenticios.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha expresado públicamente su descontento con la intervención del Poder Judicial en asuntos de política gubernamental, cuestionando su autoridad para dictar medidas al Ejecutivo. A pesar de estas tensiones, el Gobierno ha cumplido con la orden judicial y ha presentado un plan para la entrega total de los alimentos retenidos.

La distribución de alimentos se ha convertido en un tema sensible en Argentina, especialmente en medio de una crisis económica y social persistente. Las organizaciones de la sociedad civil continúan presionando por una distribución justa y equitativa de los recursos, mientras que el Gobierno enfrenta críticas por su gestión de la situación.