Familiares de paciente ingresado en UCI tras operación denuncian errores de atención posoperatoria

Martin Severino | 23 octubre 2026

Santo Domingo. — Familiares de Domingo Antonio Reyes Pérez, de 71 años, presentaron una denuncia formal ante la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) por presuntas fallas graves en la vigilancia posoperatoria del paciente, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Centro Médico Vista del Jardín, tras sufrir un evento que, según la denuncia, le provocó encefalopatía postanóxica y secuelas neurológicas.

De acuerdo con el documento depositado el 11 de octubre de 2026, Reyes Pérez ingresó el 1 de septiembre para una cirugía programada de hernia umbilical. Sus familiares alegan que, horas después del procedimiento, lo encontraron con coloración grisácea, aparentemente sin respirar y sin un monitor de signos vitales conectado. Afirman que alertaron en dos ocasiones al personal de enfermería, que inicialmente habría respondido que el paciente estaba durmiendo, antes de que acudiera el equipo médico y comenzara las maniobras de reanimación. Posteriormente, el paciente fue intubado y trasladado a cuidados intensivos, y el 7 de septiembre se le practicó una traqueostomía.

La familia sostiene que todavía no ha recibido explicaciones suficientes sobre lo ocurrido ni una respuesta escrita a sus solicitudes de documentación clínica. Según la denuncia, durante una junta médica celebrada el 21 de septiembre, el equipo manifestó desconocer cuánto tiempo había transcurrido entre la conclusión de la cirugía y el hallazgo del paciente, así como la causa del evento. También se habría planteado la posibilidad de una falla del monitor, aunque los familiares aseguran que no observaron ningún dispositivo conectado al paciente cuando lo encontraron.

Entre los aspectos que solicitan investigar figuran la vigilancia y monitorización durante la recuperación, el tiempo transcurrido hasta la detección de la emergencia, la respuesta inicial del personal sanitario, la identificación de quienes participaron en el procedimiento y la posible relación entre lo sucedido y las secuelas neurológicas que presenta el paciente. Los denunciantes aclaran que no pretenden adelantar conclusiones sobre una eventual negligencia, sino que los hechos sean esclarecidos mediante una evaluación médica independiente.

La reclamación también expone preocupaciones por complicaciones registradas durante el internamiento. La familia señala que el paciente presentó episodios febriles, que se identificaron Serratia y Candida en cultivos y que el 7 de octubre su hemoglobina descendió de 9.6 a 6.8, situación que requirió una transfusión. Asimismo, expresa inquietud por la continuidad del manejo neurológico, la falta de un especialista responsable del caso y la ausencia de un plan escrito de tratamiento y rehabilitación.

Otro de los reclamos se refiere a la cobertura de los servicios y los gastos asumidos por la familia. El documento indica que, al 29 de septiembre, el centro médico todavía no había reportado el internamiento a la aseguradora SeNaSa. También identifica una factura de RD$57,500 por cinco días de habitación tipo suite, además de otros gastos médicos e insumos que los familiares solicitan revisar para determinar los reembolsos que correspondan.

Ante esta situación, los familiares pidieron a la DIDA que gestione una auditoría clínica independiente, la entrega íntegra del expediente médico y la conservación de los registros relacionados con la cirugía, la recuperación y la reanimación. También solicitaron que se identifique al personal que intervino en cada etapa de la atención y que se ofrezca una explicación documentada sobre las decisiones y procedimientos realizados, en especial al cirujano Rafael González, a quien califican de irresponsable.

Entre las medidas requeridas figura, además, una evaluación neurológica independiente y la posibilidad de trasladar al paciente al Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), o a otro centro especializado, siempre que su condición clínica lo permita y el traslado pueda efectuarse de manera segura. La familia también pidió garantías sobre la vigilancia y el personal de enfermería necesarios antes de cualquier traslado de la UCI a una habitación.

Los denunciantes solicitaron que la DIDA tramite la reclamación ante SeNaSa y las demás autoridades competentes, verifique la cobertura de los servicios y gastos, y remita el caso a los organismos correspondientes si durante la investigación se detectan posibles incumplimientos. La familia insiste en que la atención médica del paciente no debe interrumpirse ni condicionarse por diferencias administrativas, económicas o documentales.