MP busca anular pago de 7.5 millones a imputado del caso Intrant

Santo Domingo. – La disputa por el pago de RD$7,560,000 a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los procesados en el expediente por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), llegará este martes a la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público intentará revertir la decisión judicial que ordenó entregar esos recursos.

La audiencia está prevista para las 9:00 de la mañana y tiene como objeto el recurso presentado por el órgano acusador contra la resolución de la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que dispuso el pago a favor de Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de una astreinte vinculada a bienes que habían sido ocupados durante el proceso.

El Ministerio Público sostiene que la magistrada ya no tenía competencia sobre el expediente cuando emitió la decisión, debido a que el caso había sido remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción el 24 de octubre de 2025. Ese tribunal conoció posteriormente la audiencia preliminar y ordenó la apertura a juicio contra los imputados.

Otro de los argumentos de la Fiscalía es que los objetos reclamados por Álvarez Carbuccia ya fueron devueltos. Entre ellos figuran dos teléfonos iPhone, una yipeta Chevrolet Tahoe del año 2017, cinco relojes, una computadora MacBook y 17 cartuchos calibre 12, además de otros artículos.

El órgano persecutor también señaló que el procesado solicita la entrega de un teléfono Samsung S3, cuyo precio de mercado estima en aproximadamente RD$3,000.

Álvarez Carbuccia, quien ocupó el cargo de director administrativo y financiero del Intrant, está procesado junto al exdirector de esa institución, Hugo Beras; José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y otros señalados en la investigación sobre supuestas irregularidades en la entidad.

El expediente incluye alegaciones de estafa contra el Estado y presuntas maniobras que habrían afectado la red de semáforos y el sistema de videovigilancia del Gran Santo Domingo.

La Corte deberá examinar los planteamientos del Ministerio Público y determinar si corresponde mantener o revocar la decisión que ordenó el pago de los más de RD$7.5 millones a favor de Álvarez Carbuccia.