Salud mental: un desafío para autoridades de RD

La atención a la salud mental en la República Dominicana enfrenta un desafío que va más allá de inaugurar unidades hospitalarias: garantizar que cualquier persona que atraviese una crisis emocional o psiquiátrica pueda recibir asistencia oportuna, sin que su lugar de residencia, sus recursos económicos o la distancia se conviertan en obstáculos.

El Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció avances en la ampliación de la red pública de atención en salud mental. Sin embargo, la pregunta continúa abierta: ¿dispone el país de suficientes unidades especializadas para responder a la demanda de la población y garantizar un acceso equitativo a estos servicios?

Las cifras oficiales muestran que la infraestructura ha aumentado, aunque también revelan la necesidad de evaluar si ese crecimiento se traduce en una atención cercana, continua y de calidad.

Más camas, pero ¿mayor acceso?

El 9 de febrero de 2026, las autoridades sanitarias informaron que la red pública contaba con 18 unidades de intervención en crisis, 65 habitaciones para ingresos y 137 camas destinadas a pacientes con necesidades de atención especializada. La meta anunciada para finales de ese año era alcanzar 89 unidades y 500 camas.

Posteriormente, el SNS comunicó que el 29 de junio de 2026 había alcanzado las 300 camas de intervención en crisis, tras la apertura de una unidad en el Hospital Municipal Dra. Armida García, en La Vega.

Este crecimiento representa una ampliación de la capacidad hospitalaria, pero no permite concluir, por sí solo, que las necesidades nacionales estén cubiertas. Para determinarlo, es necesario conocer cuántas camas están operativas, su ocupación promedio, la frecuencia con que se producen ingresos y egresos y cuántas personas necesitan atención sin conseguirla oportunamente.

Además, una cama para una emergencia psiquiátrica no sustituye las consultas ambulatorias, la psicoterapia, el seguimiento de los tratamientos ni los servicios de rehabilitación psicosocial.

¿Cómo se distribuyen las unidades en el territorio nacional?

La ubicación de los servicios constituye un elemento fundamental para medir su accesibilidad. En enero de 2025, el Ministerio de Salud Pública identificó unidades de intervención en crisis en centros hospitalarios del Distrito Nacional, Santiago, Barahona, San Francisco de Macorís y Salcedo, entre otras localidades.

Durante 2026 se anunciaron nuevas incorporaciones en diferentes provincias. En marzo, por ejemplo, el SNS informó sobre cuatro unidades habilitadas en hospitales regionales y provinciales de la región Norte, con 24 camas adicionales. En junio, también anunció la apertura de una unidad en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

Estos anuncios evidencian una expansión geográfica de los servicios. No obstante, la información pública consultada no ofrece un inventario consolidado y actualizado que permita confirmar, provincia por provincia, cuáles unidades están funcionando, cuántas camas tiene cada una y qué cobertura poblacional ofrecen.

Esa ausencia de información unificada dificulta determinar qué provincias carecen de unidades especializadas, cuáles dependen de hospitales de otras demarcaciones y qué comunidades enfrentan los mayores desplazamientos para recibir atención.

Por ello, no sería riguroso afirmar que una provincia carece actualmente de servicios sin comprobarlo con datos oficiales actualizados. La distribución territorial debe evaluarse tanto por la existencia de instalaciones como por la distancia, el transporte disponible, los horarios de atención y la capacidad real de los centros receptores.

La demanda crece y el personal especializado es clave

La cantidad de profesionales disponibles también influye en la capacidad de respuesta del sistema. Según un reporte del SNS publicado el 9 de octubre de 2025, entre enero y septiembre de ese año se realizaron 247,687 consultas externas de salud mental en la red pública: 176,017 en psicología y 71,670 en psiquiatría.

El mismo informe registró más de mil profesionales especializados, entre ellos 146 psiquiatras, 77 médicos residentes y 1,028 psicólogos.

Estas cifras muestran el volumen de atención y los recursos humanos reportados para ese período, pero no permiten establecer por sí solas si la cantidad de especialistas es suficiente. Para hacerlo, se necesita conocer su distribución por provincia, la proporción que trabaja a tiempo completo en la red pública, la cantidad de pacientes asignados y la disponibilidad de citas.

La diferencia es importante: contar con profesionales a nivel nacional no garantiza que una persona de una comunidad rural pueda acceder a una consulta de psiquiatría cerca de su hogar. Tampoco significa que todos los centros dispongan de equipos multidisciplinarios o de personal suficiente para atender una crisis durante las 24 horas.

El problema de los tiempos de espera

La oportunidad de la atención puede determinar la evolución de un problema de salud mental. Una persona que solicita una consulta por depresión, ansiedad u otra condición puede necesitar seguimiento ambulatorio, mientras que alguien con riesgo inmediato de hacerse daño requiere una evaluación urgente.

Sin embargo, los reportes oficiales consultados no ofrecen una estadística nacional consolidada sobre el tiempo promedio para obtener una primera cita de psicología o psiquiatría, ni sobre la espera para ingresar en una unidad de intervención en crisis.

La falta de estos indicadores impide conocer con precisión dónde se producen las mayores demoras y cuántos pacientes quedan sin seguimiento. También dificulta comparar la situación entre provincias y evaluar si la apertura de nuevas unidades está reduciendo efectivamente los tiempos de espera.

Medir el desempeño del sistema requiere publicar datos periódicos sobre solicitudes de citas, consultas disponibles, pacientes pendientes, ocupación de camas y tiempos de respuesta en emergencias.

¿Qué ocurre cuando no existe una unidad cercana?

Cuando una persona necesita atención especializada y no dispone de una unidad próxima, la respuesta dependerá de la gravedad de su situación, de los servicios disponibles en el hospital al que acuda y de la posibilidad de trasladarla a otro centro.

En una emergencia, el paciente puede acudir al servicio de emergencias del hospital público más cercano para una evaluación inicial. Si el establecimiento no cuenta con una unidad especializada o necesita un nivel de atención superior, deberá valorarse la referencia a otro centro según su capacidad y los protocolos correspondientes.

Este proceso puede implicar desplazamientos adicionales y dificultades para las familias, especialmente cuando deben asumir gastos de transporte o acompañar a la persona durante el tratamiento. No obstante, la magnitud de estas barreras y la frecuencia con que ocurren necesitan documentarse mediante testimonios, registros hospitalarios y datos de referencia y traslado.

El problema tampoco termina con la estabilización de una crisis. La recuperación puede requerir consultas periódicas, acceso a medicamentos, psicoterapia y acompañamiento familiar. Si estos servicios están lejos del domicilio, mantener la continuidad del tratamiento puede resultar más difícil.

Por eso, la cobertura de salud mental no debe medirse únicamente por el número de camas disponibles, sino también por la capacidad de prevenir las crisis, detectarlas a tiempo y garantizar el seguimiento posterior.

Una red que debe medirse por sus resultados

La expansión de las unidades de intervención en crisis constituye un avance anunciado por las autoridades sanitarias. Sin embargo, la suficiencia del sistema público no puede determinarse exclusivamente a partir de las nuevas instalaciones o de las metas de crecimiento.

Es necesario conocer cuántas unidades funcionan efectivamente en cada provincia, cuáles permanecen operativas las 24 horas, cuántos profesionales trabajan en ellas y cuánto debe esperar una persona para recibir atención.

También resulta fundamental fortalecer la atención primaria, los servicios comunitarios y los mecanismos de referencia entre hospitales, para evitar que los pacientes dependan exclusivamente de los centros especializados más distantes.

La pregunta central no es solamente cuántas unidades tiene la República Dominicana, sino cuántas personas pueden acceder a ellas cuando realmente las necesitan. Responderla exige información pública, actualizada y desglosada por territorio, así como una evaluación de la demanda que permanece sin atender.

Mientras esos datos no estén disponibles de forma sistemática, el crecimiento de la infraestructura podrá documentarse, pero no bastará para demostrar que la atención en salud mental es accesible y suficiente para toda la población.