El ruido se sale de control en SD y supera las 101,000 denuncias en 2026 asegura el 911

Martin Severino | 06 octubre 2026

La mayoría de los reportes corresponde a música a elevado volumen en viviendas particulares y vehículos modificados, principalmente durante la noche.

Santo Domingo. – En su más reciente participación en La Agenda Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader, el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, informó que durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de septiembre de 2026 suman más de 101,743 reportes por contaminación sónica solo en Santo Domingo, para un promedio de 382 denuncias diarias.

El principal del 911 en ese momento señaló que, durante el pasado año 2025, la entidad que dirige recibió alrededor de 100,000 reportes solo de Santo Domingo, y en su gran mayoría durante las horas de la noche. Lo curioso de ese dato es que, restando poco más de dos meses para finalizar el presente año, ya el 911 ha superado los reportes del pasado año.

¿Quién fiscaliza?

Las entidades encargadas de fiscalizar este tipo de delito son la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, organismo que lleva la persecución penal, ejecuta allanamientos y procesa los sometimientos ante los tribunales; la Policía Nacional, a través de la Unidad Antirruidos, que se encarga de acudir ante los llamados del 911, además de realizar las mediciones con sonómetros e incautar los equipos de sonido en flagrante delito.

Asimismo, el Ministerio de Interior y Policía, a través de la Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), se encarga de regular, clausurar y multar a los comercios o negocios recurrentes que violan la tranquilidad pública.

¿Cuánto tarda la respuesta?

Mientras que, en relación con el tiempo de respuesta a un llamado, dependerá de a través de qué institución se canalice, ya que, si es mediante la Policía Antirruido o cuadrillas del COBA, la respuesta en patrulla puede tardar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo de la disponibilidad de unidades en el cuadrante y los niveles de delincuencia prioritaria en la zona esa noche.

Pero, si se realiza mediante la vía administrativa o judicial, el proceso de someter una denuncia formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente o una fiscalía comunitaria, convocar al infractor y concretar una vista de mediación suele tardar entre una y dos semanas.

¿Qué ocurre cuando el infractor reincide?

En tanto que, cuando los infractores ignoran las advertencias y llamados de mediación, se procede al sometimiento judicial y la incautación de bocinas y equipos. Entre un 60 % y 75 % de los ciudadanos denunciados cumplen con los acuerdos de paz firmados en las fiscalías comunitarias. El porcentaje restante cae en la reincidencia, lo que provoca de forma automática la judicialización del caso, multas severas y penas de prisión que van de uno a tres años, según la gravedad.

¿De dónde proviene la mayoría del ruido?

De acuerdo con las informaciones, en las zonas urbanas cerca del 95 % de las denuncias por contaminación sónicaestán relacionadas con música a elevado volumen procedente de viviendas particulares y vehículos con sistemas de sonido modificados, conocidos como “kitipos”. El porcentaje restante corresponde principalmente a establecimientos comerciales como colmadones, bares, discotecas y billares, además de talleres y plantas eléctricas.

El ruido afecta cada vez más a las zonas residenciales

El impacto del ruido también ha aumentado en las zonas residenciales. De acuerdo con las encuestas oficiales de Enhogar, la percepción de molestia colectiva vinculada a este problema pasó de 34 % en 2024 a 78.4 % en 2025.

Los reportes se concentran especialmente en el horario nocturno, sobre todo durante los fines de semana y en horas de la madrugada. La normativa establece que entre 9:00 de la noche y 9:00 de la mañana los niveles permitidos oscilan entre 50 y 55 decibeles, mientras que, durante el día, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, el límite se sitúa entre 55 y 60 decibeles.

Por otra parte, este martes ha trascendido que la contaminación sónica ha generado 87,000 denuncias ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales en lo que va de año, mientras la institución ha intensificado los operativos contra establecimientos y personas que exceden los niveles de ruido permitidos. En el Distrito Nacional, las autoridades reportan más de 20 sometimientos judiciales relacionados con este tipo de infracción.

De acuerdo con la Procuraduría, los casos se originan a partir de una denuncia y posteriormente son sometidos a un proceso de investigación, inspección y medición con sonómetros. Cuando se comprueba una violación y el responsable no corrige la situación dentro del plazo establecido, el expediente puede ser llevado ante los tribunales.

En el combate contra este flagelo, la Ley 90-19 contempla penas de uno a tres años de prisión y multas de hasta 30 salarios estatales, mientras que las sanciones para discotecas, bares y centros de billar pueden oscilar entre cinco y 20 salarios, y para vehículos con sistemas de sonido modificados, entre 20 y 30 salarios.

La Procuraduría también desarrolla allanamientos, incautaciones y cierres de establecimientos, además de jornadas de prevención y orientación, al advertir que el exceso de ruido puede afectar el sueño, la salud cardiovascular y los sistemas nervioso y auditivo, además de convertirse en un factor de conflictos entre vecinos.

Las cifras ofrecidas por ambas instituciones evidencian una diferencia significativa en el registro de las denuncias por contaminación sónica. Mientras el 911 reporta más de 101,743 casos solo en Santo Domingo entre enero y septiembre de 2026, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente contabiliza 87,000 denuncias a nivel nacional en lo que va de año.

Aunque los datos corresponden a períodos y ámbitos geográficos que no son exactamente iguales, la diferencia plantea interrogantes sobre los criterios, canales y mecanismos utilizados por cada entidad para registrar y contabilizar los reportes por ruido en el país.