Seguridad en el discurso del Gobierno, reforma policial estancada en el Congreso

Santo Domingo.- Mientras el Poder Ejecutivo coloca la seguridad ciudadana y la transformación de la Policía Nacional entre los temas centrales de su discurso, la reforma de la institución permanece prácticamente detenida en el Congreso Nacional.

La cuestionante se produce en momentos en que el Gobierno destaca la reducción de los principales indicadores delictivos y mantiene como prioridades el combate al crimen, las armas ilegales y las estructuras criminales.

Al 25 de septiembre, la tasa acumulada de homicidios se situaba en 7.36 por cada 100,000 habitantes, mientras que los robos registraban una reducción de 40.5 % frente al mismo período de 2025, de acuerdo con las cifras de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Sin embargo, la legislación que debe establecer el nuevo marco institucional de la Policía continúa pendiente de discusión.

Una reforma que volvió prácticamente a cero

La iniciativa original del Poder Ejecutivo, depositada en diciembre de 2025, terminó perimiendo el 26 de julio sin completar su recorrido en la Cámara de Diputados.

El proyecto había permanecido durante meses bajo estudio y sufrió modificaciones importantes durante su paso por el Senado, pero finalmente no logró concluir el trámite legislativo dentro de la legislatura correspondiente.

Con ese proyecto fuera del escenario, el Congreso tiene ahora tres iniciativas que buscan modificar la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional.

Una fue reintroducida por el senador Franklin Romero el 20 de agosto; otra fue depositada por el diputado Carlos Sánchez el 18 de agosto, y una tercera fue presentada por el diputado Elías Wessin Chávez el 7 de septiembre.

Para evitar que las propuestas sean conocidas de manera independiente, el Congreso optó por llevarlas a una instancia conjunta.

La comisión bicameral fue creada, pero todavía no arranca

El 16 de septiembre quedó formalmente constituida la comisión bicameral encargada de estudiar las diferentes propuestas y procurar una versión consensuada de la reforma.

La comisión está presidida por el senador Franklin Romero y tiene como vicepresidente al diputado Carlos Sánchez.

Por el Senado también la integran Cristóbal Venerado Castillo, Moisés Ayala, Eduard Espiritusanto, Rafael Barón Duluc, Aneudis Ortiz, María Mercedes Ortiz, Aracelis Villanueva y Pedro Tineo Núñez.

La representación de la Cámara de Diputados está compuesta por Ignacio Aracena, Ángel María Sánchez, Jesús Stalin Vásquez, Ramón Bueno, Jorge Zorrilla González, Angélica Natividad Nova, Domingo de León, Franklin Martínez, José Valenzuela, Luis Alcides Báez, Sadoky Duarte, Manuel Núñez, Jesús Manuel Sánchez y Heriberto Aracena.

No obstante, hasta el 1 de octubre no aparecía registrada una reunión de esta comisión para iniciar el análisis conjunto de los proyectos.

Esto significa que, 14 días después de su conformación, la comisión llamada a conciliar las tres iniciativas todavía no había celebrado su primer encuentro formal.

Ese es el último movimiento legislativo registrado sobre la reforma: la comisión está constituida, los proyectos están depositados, pero el estudio conjunto aún no comienza.

¿Qué está pendiente de discusión?

El retraso legislativo no se limita a una modificación puntual de la Ley 590-16. Las iniciativas plantean cambios importantes en la estructura y funcionamiento de la Policía Nacional.

El proyecto que avanzó durante la legislatura anterior contemplaba modificaciones a la carrera policial, la formación y profesionalización de los agentes, el uso de la fuerza, las categorías dentro de la institución y los mecanismos de control interno.

También incluía la creación de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, disposiciones sobre derechos, bienestar y compensaciones de los miembros de la Policía, además de restricciones para que los agentes presten servicios policiales en otras instituciones estatales, salvo determinadas excepciones.

Uno de los puntos que deberá volver a discutirse es la estructura del mando policial.

La propuesta de Elías Wessin Chávez plantea que la máxima jefatura de la institución pueda ser ocupada no solo por un oficial general activo, sino también por un profesional civil que reúna los requisitos establecidos.

Su iniciativa también plantea recuperar la denominación de “jefe de la Policía Nacional” en lugar de “director general”.

Wessin ha defendido además una legislación más compacta. Según explicó, su propuesta tiene 52 páginas, frente a una iniciativa anterior mucho más extensa, bajo el argumento de que varios aspectos operativos deberían desarrollarse mediante reglamentos y no incorporarse a la ley orgánica.

La transformación policial avanza por otra vía

Mientras el Congreso permanece a la espera del primer encuentro de la comisión bicameral, el proceso de transformación de la Policía continúa mediante decisiones administrativas y programas impulsados por el Ejecutivo.

En septiembre, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial informó que 11,001 jóvenes habían sido incorporados a la institución, mientras que 8,573 policías habían completado su formación.

La Policía también trabaja en la revisión de reglamentos y políticas internas que deberán acompañar el nuevo modelo institucional.

De hecho, en febrero el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 118-26 una comisión especial para trabajar en los reglamentos vinculados con la eventual modificación de la Ley Orgánica de la Policía.

Pero mientras el Ejecutivo impulsa esa transformación y mantiene la seguridad como uno de los ejes de su agenda, el Congreso todavía no ha comenzado a discutir de manera conjunta el nuevo marco legal.

La pregunta vuelve al Congreso

El escenario deja una interrogante abierta: si la seguridad y la reforma policial forman parte de las prioridades del Gobierno, existen tres proyectos depositados y una comisión bicameral constituida, ¿por qué todavía no comienza el estudio de la reforma?

Por ahora, el Congreso tiene sobre la mesa tres iniciativas, una comisión bicameral integrada y una reforma que ya perdió su primer proyecto tras varios meses de discusión.

Lo que sigue pendiente es que esa comisión se reúna, confronte las propuestas y determine si existe consenso suficiente para llevar al pleno una nueva versión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa colocando la seguridad y la transformación policial en el centro de su discurso, pero el cambio del marco legal de la institución permanece a la espera de que el Congreso dé el siguiente paso.