RD cierra su embajada en Nicaragua ante deterioro de libertades y la crisis democrática

La República Dominicana decidió cerrar su embajada en Nicaragua mientras persistan las condiciones que, según el Gobierno dominicano, afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país.

El anuncio fue realizado este viernes por el canciller dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Washington para analizar la situación nicaragüense. La reunión fue convocada por la OEA ante lo que calificó como acontecimientos recientes de carácter urgente y de interés común para los países americanos.

Bisonó explicó que la decisión responde a la política exterior del presidente Luis Abinader, cuyos pilares incluyen la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. La medida representa un nuevo deterioro en las relaciones entre Santo Domingo y Managua: el Gobierno dominicano había llamado a consultas a su embajadora el 23 de julio de 2026, mientras que en septiembre Nicaragua anunció el cierre de su embajada en Santo Domingo.

¿Qué ocurre en Nicaragua?

La situación se ha agravado durante los últimos años bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ejercen la denominada copresidencia del país. Organismos internacionales han denunciado restricciones a la oposición política, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, confiscaciones de bienes y limitaciones a las libertades de expresión, asociación y participación política.

La CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU señalaron el 1 de octubre que, más de ocho años después del inicio de la crisis de 2018, continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones de derechos humanos. Entre ellas mencionan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia estatal, confiscaciones y privación arbitraria de la nacionalidad.

Uno de los principales puntos de preocupación internacional es el futuro del sistema electoral. La CIDH informó en agosto que Ortega había anunciado que “no volverá a haber elecciones” y cuestionó una reforma constitucional impulsada por el oficialismo que amplía de seis a siete años el mandato de la copresidencia y permite su renovación. El organismo sostuvo que esos cambios restringen la competencia política y dificultan la alternancia democrática.

La CIDH también informó en febrero que organizaciones de la sociedad civil contabilizaban al menos 62 personas privadas de libertad por motivos políticos, algunas de ellas presuntamente en condición de desaparición forzada. El organismo reclamó su liberación y denunció condiciones de detención, falta de atención médica y denuncias de malos tratos y tortura.

La OEA eleva la presión diplomática

La decisión dominicana se produce el mismo día en que la OEA analiza nuevas medidas frente a la crisis nicaragüense. Según Reuters, los cancilleres americanos aprobaron este viernes una resolución que reclama a Managua restaurar las libertades cívicas, liberar a presos políticos y crear condiciones para elecciones libres, además de esclarecer el paradero de personas reportadas como desaparecidas forzosamente. La resolución contempla también un grupo de seguimiento encargado de recomendar posibles acciones.

Nicaragua abandonó formalmente la OEA en 2023, pero la organización sostiene que la situación del país continúa siendo un asunto de interés para el sistema interamericano. La crisis también ha generado preocupación por sus efectos regionales, debido al desplazamiento de ciudadanos nicaragüenses y al deterioro de las instituciones democráticas.