¿Por qué sigue estancada la reforma policial en el Congreso mientras la Policía enfrenta nuevos desafíos?

Santo Domingo.-Esa es la pregunta que vuelve a quedar sobre la mesa mientras la Policía Nacional enfrenta el desafío de fortalecer su capacidad para prevenir y perseguir el delito, mejorar la investigación criminal, profesionalizar a sus agentes y modernizar su estructura institucional.

Aunque los principales indicadores oficiales de seguridad muestran una reducción de los homicidios y los robos durante 2026, las autoridades mantienen como prioridad el combate al crimen, las armas ilegales y las estructuras delictivas. Al 25 de septiembre, la tasa acumulada de homicidios se situaba en 7.36 por cada 100,000 habitantes y los robos habían disminuido 40.5 % respecto al mismo período de 2025, según la Fuerza de Tarea Conjunta.

La reforma de la institución encargada de enfrentar buena parte de esos desafíos permanece sin avanzar en el Congreso. La iniciativa original, sometida por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2025, perimió el 26 de julio sin completar su trámite en la Cámara de Diputados, después de permanecer durante meses bajo estudio y ser modificada de manera sustancial durante su paso por el Senado.

Ahora el Congreso tiene una segunda oportunidad, pero el proceso volvió prácticamente a cero. Actualmente existen tres iniciativas para modificar la Ley Orgánica 590-16: una reintroducida por el senador Franklin Romero el 20 de agosto, otra depositada por el diputado Carlos Sánchez el 18 de agosto y una tercera presentada por el diputado Elías Wessin Chávez el 7 de septiembre.

Una comisión que todavía no arranca

Para evitar que las propuestas sean estudiadas por separado, el Congreso decidió concentrar el análisis en una comisión bicameral, que quedó formalmente integrada el 16 de septiembre.

La instancia es presidida por el senador Franklin Romero y tiene como vicepresidente al diputado Carlos Sánchez. Por el Senado también la integran Cristóbal Venerado Castillo, Moisés Ayala, Eduard Espiritusanto, Rafael Barón Duluc, Aneudis Ortiz, María Mercedes Ortiz, Aracelis Villanueva y Pedro Tineo Núñez.

Por la Cámara de Diputados forman parte Ignacio Aracena, Ángel María Sánchez, Jesús Stalin Vásquez, Ramón Bueno, Jorge Zorrilla González, Angélica Natividad Nova, Domingo de León, Franklin Martínez, José Valenzuela, Luis Alcides Báez, Sadoky Duarte, Manuel Núñez, Jesús Manuel Sánchez y Heriberto Aracena.

Sin embargo, hasta el 1 de octubre no figuraba registrada una reunión de esa comisión para iniciar formalmente el estudio conjunto de las iniciativas.

Es decir, 14 días después de quedar conformada, la comisión responsable de buscar unificar las propuestas todavía no había celebrado su primer encuentro, prolongando la espera de una reforma que el propio Congreso ha colocado entre sus prioridades.

El escenario genera una interrogante adicional: ¿se trata de una dificultad para conciliar las tres propuestas o de un nuevo retraso en una reforma que ya perdió meses de discusión durante la legislatura anterior?

¿Qué cambiaría con la reforma?

El debate no se limita a modificar artículos de la Ley 590-16. Las propuestas plantean cambios sobre la forma en que se organiza, dirige y profesionaliza la Policía Nacional.

El proyecto que avanzó en el Senado contemplaba una nueva estructura para la institución, modificaciones a la carrera policial, cambios en la formación y profesionalización de los agentes, regulación del uso de la fuerza, nuevas categorías dentro de la Policía y mecanismos para fortalecer los controles internos. 

También planteaba la creación de un Centro Nacional de Estándares de la Profesión Policial, disposiciones sobre derechos, bienestar y compensaciones de los miembros de la institución y restricciones a la prestación de servicios policiales en instituciones del Estado, salvo determinadas excepciones.

Otro de los cambios discutidos es el relacionado con el mando de la institución. El proyecto presentado por Elías Wessin Chávez propone que la máxima jefatura pueda recaer no solamente en un oficial general activo, sino también en un profesional civil que cumpla determinados requisitos. Su iniciativa también recupera la denominación de “jefe de la Policía Nacional”, en sustitución de “director general”.

Wessin, además, ha cuestionado la extensión del proyecto que anteriormente estudiaba el Congreso. 

Según explicó, su propuesta tiene 52 páginas frente a una iniciativa mucho más extensa, y considera que algunos aspectos operativos deberían quedar para los reglamentos y no formar parte de la ley orgánica.

Una reforma que espera mientras la Policía se transforma.

El retraso legislativo ocurre mientras el proceso de transformación policial continúa por otras vías. En septiembre, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma, Modernización y Transformación Policial informó que 11,001 jóvenes habían sido incorporados a la institución y 8,573 policías habían completado su formación.

La propia Policía también ha avanzado en la revisión de reglamentos y políticas internas que deberían acompañar el nuevo marco legal. En febrero, el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 118-26 una comisión especial para trabajar en los reglamentos vinculados con el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, precisamente bajo la previsión de una eventual aprobación de la reforma.

Pero mientras esas transformaciones avanzan por la vía administrativa, la legislación que debe establecer el nuevo marco institucional permanece a la espera de que el Congreso comience a discutirla.

La pregunta vuelve entonces al Poder Legislativo: si la reforma policial es una de las prioridades de la actual legislatura y existen tres propuestas sobre la mesa, ¿qué está impidiendo que la comisión bicameral inicie sus trabajos?

Por ahora, la respuesta no está en un calendario de reuniones: la comisión fue conformada, pero todavía no ha iniciado formalmente el estudio conjunto de la reforma.