Alzas desproporcionadas del petróleo colocan presión sobre las finanzas públicas y elevan costo para mantener subsidios

Santo Domingo, RD.– El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM, mantiene una política de subsidios, congelamiento y reajuste en los precios de los principales combustibles en procura de amortiguar el impacto de la fuerte escalada registrada este año en el mercado internacional del petróleo, en medio de las tensiones geopolíticas que han afectado la oferta mundial de crudo y sus derivados.

La presión sobre los precios comenzó a intensificarse luego del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026. El petróleo West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia para la República Dominicana, pasó de cotizaciones cercanas a los US$65-US$67 por barril entre enero y febrero, a superar los US$100 durante distintos períodos de la crisis.

El 6 de abril, por ejemplo, el WTI cerró en US$112.95 por barril, su mayor costo desde junio de 2022, mientras que el 4 de mayo terminó en US$106.42, en medio de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

Esta situación ha tenido un impacto particular en República Dominicana debido a su dependencia de combustibles importados y al costo de los productos refinados.

Más de RD$30,000 millones en subsidios

El panorama petrolero global ha obligado al Gobierno a incrementar de manera considerable los recursos destinados a subsidiar los carburantes. Para 2026 se había previsto inicialmente una asignación de alrededor de RD$13,500 millones para estos subsidios, sin embargo, la prolongación de la crisis internacional ha elevado significativamente este monto y, a principios de septiembre, el Gobierno informó que ya había destinado más de RD$30,000 millones para contener los precios.

El gasoil concentra buena parte del esfuerzo

Uno de los principales focos de la política de estabilización ha sido el gasoil, debido a su incidencia directa sobre el transporte de carga, la distribución de mercancías, la producción y otras actividades económicas.

Para septiembre, el Estado estaba subsidiando alrededor de RD$94.31 por cada galón de gasoil regular y RD$101.91 por cada galón de gasoil óptimo, según los datos oficiales del MICM.

El Gobierno mantiene estos subsidios con el objetivo de evitar que el incremento en los costos del petróleo y sus derivados se traslade completamente a los consumidores y termine generando una segunda ronda de aumentos en los precios de alimentos, bienes y servicios.

En ese orden, el subsidio destinado al gasoil regular pasó de unos RD$261 millones semanales en marzo a más de RD$618 millones en septiembre, mientras que el correspondiente al gasoil óptimo pasó de aproximadamente RD$146 millones a picos cercanos a RD$394 millones.

En el caso de las gasolinas, el subsidio también aumentó considerablemente durante los meses de mayor presión. La asistencia para la gasolina premium pasó de unos RD$63.8 millones semanales a comienzos del conflicto a un máximo de alrededor de RD$442.1 millones a mediados de mayo, mientras que la gasolina regular pasó de aproximadamente RD$51.4 millones a más de RD$253 millones semanales.

GLP permanece en RD$135.20

Otro componente central de la estrategia oficial ha sido mantener estable el precio del gas licuado de petróleo (GLP), combustible de amplio uso en los hogares dominicanos y en parte del transporte.

Desde junio, el Gobierno ha mantenido el GLP en RD$135.20 por galón, incluso mientras aumentaban los costos internacionales de los derivados.

En septiembre, el Gobierno informó que estaba subsidiando RD$20.31 por cada galón de GLP, mientras el precio al consumidor permanecía congelado.

Las autoridades también han señalado que el costo semanal de mantener esta protección aumentó significativamente durante la crisis, pasando de decenas de millones de pesos a más de RD$200 millones en determinados períodos.

El costo de los refinados aumenta la presión

La problemática no está determinada exclusivamente por la cotización del barril de petróleo. El Gobierno ha explicado que el costo de los productos refinados ha experimentado una presión aún mayor.

Según el MICM, el costo asociado a refinar el petróleo WTI y convertirlo en gasoil pasó de aproximadamente US$25.95 el 27 de febrero a US$75.65 al cierre de agosto, con picos de hasta US$114 durante ese período. A comienzos de septiembre, el costo del gasoil refinado llegó a aproximarse a US$110 por barril debido a las distorsiones provocadas por la situación del estrecho de Ormuz.

Esto representa un desafío adicional para República Dominicana, porque el precio interno de los combustibles depende de la denominada paridad de importación, que incorpora el comportamiento del petróleo y de los derivados en los mercados internacionales, además de otros costos asociados.

El dilema fiscal

Mientras mayor sea el precio internacional del petróleo y más tiempo permanezca elevada la cotización, más alta será la cantidad de recursos que debe aportar el Estado para evitar que el costo sea trasladado íntegramente a los consumidores.

El Gobierno ha defendido la aplicación de ajustes cuando resulten necesarios, bajo el argumento de que mantener una protección parcial y focalizada permite reducir el impacto sobre la población sin comprometer indefinidamente las cuentas públicas.

En septiembre, el WTI volvió a superar los US$100 por barril, cerrando al 15 de este mes en US$105.83, impulsado por nuevas interrupciones en el suministro y riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente.

En este contexto, la política dominicana combina subsidios extraordinarios, congelamiento temporal de precios y medidas fiscales de contingencia, con el objetivo de amortiguar el impacto de una crisis energética externa que limita el margen de acción de las autoridades nacionales.

El desafío para el Gobierno consiste ahora en mantener ese equilibrio: proteger a los hogares y sectores productivos del impacto inmediato de los combustibles, sin convertir el subsidio en una carga fiscal permanente que reduzca la capacidad del Estado para atender otras prioridades nacionales.

Alzas desproporcionadas del petróleo colocan presión sobre las finanzas públicas y elevan costo para mantener subsidios

Santo Domingo, RD.– El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes MICM, mantiene una política de subsidios, congelamiento y reajuste en los precios de los principales combustibles en procura de amortiguar el impacto de la fuerte escalada registrada este año en el mercado internacional del petróleo, en medio de las tensiones geopolíticas que han afectado la oferta mundial de crudo y sus derivados.

La presión sobre los precios comenzó a intensificarse luego del inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026. El petróleo West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia para la República Dominicana, pasó de cotizaciones cercanas a los US$65-US$67 por barril entre enero y febrero, a superar los US$100 durante distintos períodos de la crisis.

El 6 de abril, por ejemplo, el WTI cerró en US$112.95 por barril, su mayor costo desde junio de 2022, mientras que el 4 de mayo terminó en US$106.42, en medio de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

Esta situación ha tenido un impacto particular en República Dominicana debido a su dependencia de combustibles importados y al costo de los productos refinados.

Más de RD$30,000 millones en subsidios

El panorama petrolero global ha obligado al Gobierno a incrementar de manera considerable los recursos destinados a subsidiar los carburantes. Para 2026 se había previsto inicialmente una asignación de alrededor de RD$13,500 millones para estos subsidios, sin embargo, la prolongación de la crisis internacional ha elevado significativamente este monto y, a principios de septiembre, el Gobierno informó que ya había destinado más de RD$30,000 millones para contener los precios.

El gasoil concentra buena parte del esfuerzo

Uno de los principales focos de la política de estabilización ha sido el gasoil, debido a su incidencia directa sobre el transporte de carga, la distribución de mercancías, la producción y otras actividades económicas.

Para septiembre, el Estado estaba subsidiando alrededor de RD$94.31 por cada galón de gasoil regular y RD$101.91 por cada galón de gasoil óptimo, según los datos oficiales del MICM.

El Gobierno mantiene estos subsidios con el objetivo de evitar que el incremento en los costos del petróleo y sus derivados se traslade completamente a los consumidores y termine generando una segunda ronda de aumentos en los precios de alimentos, bienes y servicios.

En ese orden, el subsidio destinado al gasoil regular pasó de unos RD$261 millones semanales en marzo a más de RD$618 millones en septiembre, mientras que el correspondiente al gasoil óptimo pasó de aproximadamente RD$146 millones a picos cercanos a RD$394 millones.

En el caso de las gasolinas, el subsidio también aumentó considerablemente durante los meses de mayor presión. La asistencia para la gasolina premium pasó de unos RD$63.8 millones semanales a comienzos del conflicto a un máximo de alrededor de RD$442.1 millones a mediados de mayo, mientras que la gasolina regular pasó de aproximadamente RD$51.4 millones a más de RD$253 millones semanales.

GLP permanece en RD$135.20

Otro componente central de la estrategia oficial ha sido mantener estable el precio del gas licuado de petróleo (GLP), combustible de amplio uso en los hogares dominicanos y en parte del transporte.

Desde junio, el Gobierno ha mantenido el GLP en RD$135.20 por galón, incluso mientras aumentaban los costos internacionales de los derivados.

En septiembre, el Gobierno informó que estaba subsidiando RD$20.31 por cada galón de GLP, mientras el precio al consumidor permanecía congelado.

Las autoridades también han señalado que el costo semanal de mantener esta protección aumentó significativamente durante la crisis, pasando de decenas de millones de pesos a más de RD$200 millones en determinados períodos.

El costo de los refinados aumenta la presión

La problemática no está determinada exclusivamente por la cotización del barril de petróleo. El Gobierno ha explicado que el costo de los productos refinados ha experimentado una presión aún mayor.

Según el MICM, el costo asociado a refinar el petróleo WTI y convertirlo en gasoil pasó de aproximadamente US$25.95 el 27 de febrero a US$75.65 al cierre de agosto, con picos de hasta US$114 durante ese período. A comienzos de septiembre, el costo del gasoil refinado llegó a aproximarse a US$110 por barril debido a las distorsiones provocadas por la situación del estrecho de Ormuz.

Esto representa un desafío adicional para República Dominicana, porque el precio interno de los combustibles depende de la denominada paridad de importación, que incorpora el comportamiento del petróleo y de los derivados en los mercados internacionales, además de otros costos asociados.

El dilema fiscal

Mientras mayor sea el precio internacional del petróleo y más tiempo permanezca elevada la cotización, más alta será la cantidad de recursos que debe aportar el Estado para evitar que el costo sea trasladado íntegramente a los consumidores.

El Gobierno ha defendido la aplicación de ajustes cuando resulten necesarios, bajo el argumento de que mantener una protección parcial y focalizada permite reducir el impacto sobre la población sin comprometer indefinidamente las cuentas públicas.

En septiembre, el WTI volvió a superar los US$100 por barril, cerrando al 15 de este mes en US$105.83, impulsado por nuevas interrupciones en el suministro y riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente.

En este contexto, la política dominicana combina subsidios extraordinarios, congelamiento temporal de precios y medidas fiscales de contingencia, con el objetivo de amortiguar el impacto de una crisis energética externa que limita el margen de acción de las autoridades nacionales.

El desafío para el Gobierno consiste ahora en mantener ese equilibrio: proteger a los hogares y sectores productivos del impacto inmediato de los combustibles, sin convertir el subsidio en una carga fiscal permanente que reduzca la capacidad del Estado para atender otras prioridades nacionales.