El velo que no cae: filtraciones, silencios y la justicia que se negocia

¿Por qué se filtran las informaciones incriminatorias a los medios?

La defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez lo ha dicho sin ambages: el caso Medusa se contaminó antes de nacer. En abril de 2026, sus abogados pidieron la nulidad del proceso alegando "la presunta filtración de información sensible a los medios de comunicación" incluso antes del inicio formal de la investigación, lo que a su juicio vulneró la presunción de inocencia y generó un "juicio paralelo". El Tribunal Constitucional dominicano fue más lejos en 2025: ordenó prohibir el uso público del mote "Operación Medusa" porque los sobrenombres "deben ser empleados exclusivamente como estrategias secretas de investigación" para evitar precisamente filtraciones.

Hay dos lecturas. Una: el Ministerio Público filtró para presionar a los implicados y ganar el juicio mediático. Otra: alguien dentro del propio sistema filtró para proteger a los apellidos que no aparecen en el expediente. Lo cierto es que mientras los delatores premiados negocian en silencio, los nombres sonoros se desvanecen del expediente por "arte de magia".

¿Por qué Ligia Bonetti pidió ser desvinculada y en horas le rompieron el velo corporativo?

En julio de 2022, cuando el expediente Medusa mencionó a Enrique Bonetti Galván y a Strukturat LTD —la empresa contratada para el movimiento de tierras de la cárcel La Nueva Victoria—, el Grupo SID reaccionó de inmediato. Ligia Bonetti Du-Breil, presidenta ejecutiva del conglomerado, envió una carta a los medios aclarando que "el Grupo SID, sus empresas y el núcleo familiar Bonetti Guerra no están imputados" y que Strukturat "no tiene vínculo de ninguna naturaleza" con su grupo. La familia Bonetti Guerra, según la comunicación, tenía "menos de una acción, que representa el 0.0004 % del capital" de Strukturat.

Pero en horas, el abogado Leonel Melo Guerrero, director-secretario de Strukturat, emitió un comunicado propio: los accionistas principales de la empresa, con el 99% del capital, eran "tres compañías propiedad de fondos de inversión gestionados por Inicia LTD", donde aparecen José Miguel Bonetti Guerra, Roberto Bonetti Guerra e Inversiones Boguer. El velo corporativo se rompió, pero no para señalar culpables, sino para deslindar responsabilidades entre apellidos que se parecen demasiado. La pregunta queda flotando: ¿por qué Strukturat, una empresa de infraestructura metálica, terminó haciendo movimientos de tierra para la PGR? ¿Y por qué por lo menos dos allegados se declaran culpable de dar en efectivo en la casa de JAR más de 2 MM de USD$, uno de ellos dice que JAR siguió recibiendo su salario vía iguala del 2012 hasta el 2021, de acuerdo a varios medios lo que procedía era que la empresa pagara el duplo de las coimas, igualas o salarios y validado por una sentencia. En odebrech eso pasó y lo curioso que fue con parte de ese dinero que se pagó el movimiento de tierra, pero eso es un gran secreto que en inglés sabremos la verdad a plena luz en las voces de Doña Mirian, Jenny y el magistrado Camacho; que por cierto dijo que el 54% de los sobornos tienen los nombres de quien lo dio y cuando devolvieron. Pero a mí me someten por USD$ 90 MM y nunca recibí un peso pero al denuniciarlo Gloliat salió a mi cabeza que hago el papel de David en este singular caso, que gracias a la demanda de un personaje impoluto trajo el caso a la jurisdicción norteamericana. A aquí vamos hablar inglés !!

¿Cuándo sabremos de los acuerdos y las devoluciones?

Septiembre de 2026 transcurre sin que sepamos con certeza cuánto dinero ha vuelto al erario ni quiénes han firmado acuerdos. Lo que sí está documentado: Lisandro Macarrulla Martínez se comprometió a devolver RD178 millones, con penas suspendidas, decomiso de bienes y la obligación de testificar contra los demás. Pero los nombres de esos acuerdos permanecen, en su mayoría, bajo reserva. La ciudadanía sabe que hay delatores premiados; no sabe quiénes son ni qué compraron con su silencio.

¿Cuándo se define el caso de JAR?

La defensa de Jean Alain Rodríguez sostiene que el proceso ya superó el plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal y que, por tanto, la acción penal debe extinguirse por prescripción. El 17 de agosto de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó esa solicitud, argumentando que el tiempo transcurrido no puede evaluarse "únicamente mediante un cálculo matemático", sino tomando en cuenta las actuaciones que han dilatado el proceso. El juicio de fondo sigue abierto. Pero JAR ya fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en diciembre de 2023, junto a su esposa e hijos, por "corrupción significativa". Y la pregunta que muchos se hacen es si en inglés, ante un gran jurado en La Florida, sabremos quién calló y quién dio el chance.

¿Por qué unos pagan y otros no?

Macarrulla devolvió RD$144 millones y no pisó la cárcel. Ligia Bonetti deslindó su apellido en 48 horas. Los delatores premiados testifican y quedan libres. Mientras tanto, quien escribe no ha recibido un solo peso de las obras de JAR y enfrenta demandas millonarias por haber alzado la voz. La balanza de la justicia dominicana no se mueve sola: se mueve cuando alguien con poder decide qué platillo pesa más.

Transparencia y justicia para todos, sin chance.

Redaccion: Rolando Espinal