Cuando el mundo se incendia, el Estado dominicano decide no quemar al ciudadano

El WTI rompió la barrera psicológica de los US$100 y tocó los US$103.93 en medio de la escalada entre Estados Unidos e Irán; mientras los mercados globales se estremecen, República Dominicana blinda el bolsillo de su gente con una política de subsidios que convierte un choque externo incontrolable en una carga fiscal administrada con responsabilidad.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay decisiones de gobierno que solo se comprenden en toda su dimensión cuando el mundo se sacude. Esta semana, el crudo West Texas Intermediate cruzó los US$100 por barril por primera vez desde mayo y llegó a rozar los US$104.04 en su máximo intradiario, con un salto superior al 8% impulsado por la toma del puerto yemení de Mocha, la intensificación de los ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz y una guerra entre Washington y Teherán que, según altos asesores de la Casa Blanca citados por The Wall Street Journal, podría prolongarse incluso más allá de enero de 2029. El Brent, referencia internacional, cerró en US$107.63 tras avanzar más de 6%. En ese tablero global de incertidumbre, la pregunta pertinente para nosotros no es cuánto subió el petróleo, sino quién paga la factura de esa subida. Y la respuesta dominicana es tan sencilla como poderosa: no la paga, de golpe, el pueblo.

Como nación importadora neta de hidrocarburos, República Dominicana está estructuralmente expuesta a cada temblor geopolítico de Medio Oriente. Cuando el crudo sube un 8 % en cuestión de horas, cuando los seguros marítimos se encarecen y los fletes globales se disparan por el cierre parcial de las rutas de exportación, ese costo debería trasladarse, en teoría, íntegro y de inmediato al surtidor. Ahí es donde entra la decisión política del Poder Ejecutivo, encabezado por el economista y político Luis Abinader: congelar los precios de los combustibles semana tras semana y absorber, con recursos del Presupuesto Nacional, la diferencia entre el precio de paridad de importación y el precio final que paga el ciudadano en la bomba. Ese diferencial —el llamado spread— no desaparece por arte de magia; lo asume el Estado, y lo asume conscientemente, porque entiende que detrás de cada centavo de gasolina hay un transportista, un chofer del concho, una madre que hace la compra y una canasta básica que no puede quedar a merced de una guerra ajena.

Conviene decirlo con todas sus letras, sin demagogia y sin triunfalismo: subsidiar combustibles cuesta. Cuesta cientos de millones que salen de fondos públicos y que presionan la factura petrolera, componente crítico de nuestra balanza de pagos. Pero la política pública no se juzga únicamente por lo que gasta, sino por lo que evita. Y lo que evita esta estabilización es contundente: un encarecimiento súbito del transporte de carga y pasajeros, un efecto dominó sobre los precios de los alimentos, y una inflación importada que castigaría con especial dureza a los hogares de menores ingresos. El Gobierno tomó un riesgo de inflación directa e inmediata y lo transformó en un compromiso financiero ordenado, previsible y administrable. Convirtió el pánico de la gasolinera en calma en la mesa del hogar dominicano. Eso, en política económica, no es un gasto: es una inversión en paz social y en poder adquisitivo.

Los mercados internacionales anticipan que esto no será un episodio, sino una nueva normalidad. Goldman Sachs advierte sobre un petróleo que podría escalar hacia los US$120; S&P Global habla de un mercado que se asienta en un riesgo de interrupción «persistente, no episódico»; y la propia OPEP recortó por quinta vez consecutiva su previsión de demanda. En ese escenario de tormenta prolongada, la fortaleza de un país no se mide por su capacidad de evitar la lluvia —eso nadie puede—, sino por la solidez del techo que construye sobre su gente. República Dominicana está demostrando que ese techo existe, que tiene músculo fiscal para sostenerlo y voluntad política para no soltarlo justo cuando más se necesita.

Que nadie se confunda: reconocer el acierto no significa ignorar el costo ni renunciar a la prudencia. El desafío hacia adelante será calibrar la sostenibilidad del subsidio, focalizarlo con inteligencia para que cada peso público proteja de verdad a quien más lo necesita, y acelerar la transición hacia una matriz energética menos dependiente del barril extranjero. Ese es el horizonte responsable. Pero mientras Ormuz arde y las potencias miden fuerzas con petroleros como munición, el mérito de hoy es claro y merece ser dicho sin timidez: frente a un choque externo que no provocamos y que no controlamos, el Estado dominicano eligió ponerse del lado del ciudadano. Eligió que la guerra de otros no se convierta en la ruina de los nuestros. Y en tiempos donde gobernar es, sobre todo, decidir a quién se protege primero, esa decisión habla por sí sola. /

Luis Orlando Díaz Vólquez 

Ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. 

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