Por Lesly Mota

De cada 10 solicitudes de patentes que recibe la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), más de ocho pertenecen a extranjeros. La creatividad e ingenio dominicano sobran en las aulas, laboratorios y talleres del país, pero el camino para convertir un invento en un negocio protegido sigue siendo una carrera de obstáculos.

Aunque la República Dominicana ha fortalecido su sistema de propiedad industrial y ampliado sus programas de incentivo, las patentes de origen nacional continúan siendo una marcada minoría. Especialistas del sector coinciden en que el desafío central no es la falta de ideas, sino la incapacidad del ecosistema para transformar la investigación en tecnologías comercializables.

Según la Memoria Institucional 2024 de la ONAPI, de 218 solicitudes de patentes de invención presentadas en el año, 236 expedientes en total (sumando modelos de utilidad y diseños industriales) pertenecieron a titulares extranjeros. Apenas 30 correspondieron a creadores dominicanos.

Un contraste con el crecimiento económico

La tendencia no es reciente. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) reflejan que las solicitudes presentadas por residentes dominicanos se han mantenido en niveles bajos durante los últimos años, mientras que las empresas internacionales concentran la mayoría de las invenciones que buscan protección en el territorio nacional.

Esta realidad choca de frente con el desempeño macroeconómico del país. Durante las últimas dos décadas, la República Dominicana ha mantenido uno de los ritmos de expansión económica más altos de América Latina, según datos del Banco Mundial y el Banco Central. Sin embargo, ese dinamismo todavía no se traduce en una producción tecnológica propia y protegida que aporte valor agregado a la estructura productiva nacional.

Un proceso que va más allá de una buena idea

Obtener una patente no consiste simplemente en llenar un formulario. La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial exige que toda invención cumpla tres condiciones fundamentales a nivel global: ser nueva en el mundo, poseer un nivel inventivo que no resulte evidente para un especialista y tener aplicación industrial.

Muchos proyectos universitarios y emprendimientos locales se quedan en el camino porque, aunque resuelven un problema cotidiano o representan un avance valioso a nivel local, no reúnen las condiciones de novedad internacional. A esta barrera conceptual se le suma el costo en tiempo y recursos. El examen técnico en la ONAPI puede extenderse durante años y requiere una inversión económica que incluye tasas oficiales y la contratación de especialistas para la redacción de la memoria técnica y la búsqueda de antecedentes internacionales. Para un investigador independiente o una pequeña empresa, la factura financiera resulta con frecuencia prohibitiva.

Del laboratorio a la percha: el abismo entre investigar y vender

El bajo número de registros no significa que en el país no se investigue. Universidades y centros especializados desarrollan proyectos constantes en áreas estratégicas como salud, biotecnología, energías renovables y agricultura. El cuello de botella aparece cuando la investigación debe saltar al mercado.

Como señalan diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la capacidad de un país para patentar depende menos de la brillantez aislada de sus investigadores que de la existencia de un ecosistema articulado. En la práctica local, buena parte de las investigaciones termina en publicaciones científicas para acreditar méritos académicos o archivada en los laboratorios, ante la ausencia de un puente directo que conecte al investigador con el sector empresarial. Aunque programas como los fondos FONDOCYT del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) han dinamizado la investigación universitaria, la transferencia tecnológica hacia el sector privado continúa siendo limitada.

La brecha del financiamiento y la carrera regional

Llevar una invención desde la fase de prototipo hasta el anaquel comercial requiere años de capital continuo antes de generar ingresos. En República Dominicana, el crédito productivo está dominado por el sistema bancario tradicional, una estructura diseñada para empresas consolidadas y no para asumir el riesgo de proyectos tecnológicos emergentes. La escasez de capital de riesgo y de instrumentos financieros especializados limita las posibilidades de que un desarrollo local escalable se transforme en una empresa competitiva.

A pesar de que instituciones como la ONAPI, el MESCyT y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) han puesto en marcha iniciativas como la Red de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) para orientar a los creadores, los indicadores internacionales muestran que el país todavía está rezagado. En el Índice Mundial de Innovación de la OMPI, la República Dominicana se ubica por detrás de economías como Chile, Brasil, México y Colombia, donde la mayor producción de patentes responde a una inversión superior en investigación y desarrollo y a una alianza madura entre la universidad y la empresa.

El reto para la República Dominicana no termina al aprobar un expediente en las oficinas estatales. El verdadero desafío consiste en crear las condiciones financieras, legales y comerciales para que el conocimiento generado en las aulas se traduzca en innovación, productividad y soluciones reales para el mercado.