Abogados de los Espaillat rechazan versión sobre supuesta quiebra

Santo Domingo. – Santo Domingo. – La defensa de los empresarios Antonio y Maribel Espaillat rechazó de manera categórica que estos se hayan sometido a algún régimen o proceso de quiebra, reestructuración o liquidación, como se ha difundido recientemente.

Los representantes legales aseguraron que no existe ningún expediente, procedimiento ni decisión judicial que respalde esas afirmaciones, por lo que instaron a quienes las divulgan a señalar el proceso en el que supuestamente habría sido depositada una solicitud de esa naturaleza.

Asimismo, los abogados precisaron el verdadero alcance del recurso de apelación presentado contra el ordinal séptimo de la Resolución núm. 057-2026-SACO-00101, cuyo conocimiento se encuentra pendiente.

Explicaron que dicha acción no busca eliminar ni disminuir la garantía económica establecida por el tribunal. Por el contrario, procura conservar el monto total de 500 millones de pesos fijado judicialmente, pero mediante un mecanismo distinto.

En ese sentido, la apelación plantea reemplazar las medidas conservatorias dispuestas sobre los bienes de los empresarios por una fianza otorgada por una compañía aseguradora, también por un valor de 500 millones de pesos.

La referida garantía tendría como finalidad responder ante eventuales reparaciones económicas y costas procesales que pudieran ser establecidas a través de una decisión judicial.

La defensa sostuvo que, en consecuencia, el debate legal está centrado únicamente en la forma en que serán garantizados los 500 millones de pesos, y no en modificar la cantidad fijada por el tribunal ni en eliminar la obligación de contar con un respaldo frente a posibles indemnizaciones.

Los abogados señalaron que estas aclaraciones tienen como propósito evitar que versiones incorrectas desvíen la atención del proceso que corresponde ser conocido y resuelto por los tribunales competentes.

Finalmente, reiteraron su consideración hacia las víctimas y sus familiares, al tiempo que enfatizaron que cualquier discusión relacionada con las medidas judiciales adoptadas deberá resolverse dentro del marco legal establecido, respetando las garantías del debido proceso y las decisiones emanadas de las autoridades correspondientes.