¿Cuánto tiempo le queda al país para perder su identidad dominicana?

El anuncio no llegará de repente por las redes sociales ni ocupará los titulares de los medios de comunicación. Nos daremos cuenta el día en que intentemos ejercer derechos que creíamos asegurados y descubramos que los fuimos perdiendo, uno a uno, mientras cada incumplimiento de la ley se convertía en parte de la normalidad.

Periodista Carlos Del Pozo

La pregunta puede parecer exagerada, pero basta observar el territorio nacional, porque la inmigración irregular, lejos de reducirse, se ha incorporado a la vida económica del país.

Hoy está presente en la agricultura, la construcción, el comercio, los servicios y el transporte, incluidos carros, guaguas y motoconchos; por tanto, no estamos ante un fenómeno reciente, sino frente a una realidad que se dejó crecer durante décadas.

El problema no comienza ni termina con quienes atraviesan irregularmente la frontera, porque detrás funciona una estructura de traficantes, transportistas, intermediarios, empleadores y propietarios que obtienen beneficios de esa población vulnerable.

Cada extranjero indocumentado que consigue trasladarse, trabajar y permanecer ha contado con participación o indiferencia dominicana, pues sin esa cadena interna de complicidades el tráfico ilícito no tendría el éxito que exhibe.

La contratación irregular estimula ese circuito, ya que algunos sectores han convertido la mano de obra extranjera indocumentada en un mecanismo para reducir costos, evadir responsabilidades y mantener salarios que muchos dominicanos no aceptan.

De ese modo, los beneficios permanecen en manos privadas, mientras las consecuencias migratorias, sanitarias, educativas y sociales son asumidas por el Estado.

Frente a esa realidad, el país continúa midiendo su política migratoria por operativos, detenidos y deportados, aunque se conoce mucho menos sobre las sentencias definitivas contra quienes protegen las redes.

Migración informó que durante 2025 judicializó 207 casos relacionados con delitos migratorios, 159 por tráfico ilícito de migrantes, mientras que en los primeros meses de 2026 había sometido otros 49 expedientes.

Sin embargo, detener no significa desarticular, del mismo modo que someter un expediente tampoco garantiza una sentencia.

En abril de 2025, un motociclista fue apresado por tercera vez en Montecristi mientras transportaba extranjeros indocumentados, lo cual demuestra que sus detenciones anteriores no impidieron que regresara a la actividad y que, para algunos traficantes, el apresamiento representa apenas una interrupción del negocio.

Tampoco basta con procesar al motorista o al conductor sorprendido cruzando personas, puesto que, si las investigaciones no alcanzan a financiadores, reclutadores, intermediarios, empleadores y posibles protectores institucionales, las estructuras sustituirán rápidamente al eslabón detenido.

Por esa razón, la persecución penal debe seguir el dinero y reconstruir toda la cadena.

En ese contexto adquiere especial importancia el caso del médico Yorkys Darío Espiritusanto Núñez, a quien la jueza Francis Diloné, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, impuso tres meses de prisión preventiva mientras es investigado por falsificar documentos utilizados para sustentar declaraciones de nacimiento de personas extranjeras como ocurridas en República Dominicana.

El expediente surgió después de que el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, detectara documentos con su logotipo y sello, además de firmas atribuidas a funcionarios, sin haber sido expedidos por los procedimientos oficiales.

Aunque una declaración de nacido vivo no concede automáticamente la nacionalidad dominicana, acredita las circunstancias de un nacimiento y puede sustentar otros trámites.

La investigación deberá establecer cuántos documentos fueron elaborados, durante cuánto tiempo funcionó el mecanismo, quiénes los solicitaron, cuáles llegaron a las oficialías y qué otras personas participaron, porque si el proceso se limita al médico sometido, sin reconstruir la estructura que posibilitó esos documentos, el país habrá tratado nuevamente la consecuencia sin desmontar la causa.

La identidad dominicana no se perderá por la presencia legal de extranjeros ni por el intercambio cultural, sino cuando el Estado deja de controlar sus fronteras, sus documentos y sus leyes; cuando la contratación irregular se convierte en modelo económico y cuando los traficantes reinciden sin condenas proporcionales.

Ninguna nación preserva su identidad si pierde la capacidad de decidir quién entra, quién permanece y bajo cuáles condiciones.

¿Cuánto tiempo le queda al país para perder su identidad dominicana?

El anuncio no llegará de repente por las redes sociales ni ocupará los titulares de los medios de comunicación. Nos daremos cuenta el día en que intentemos ejercer derechos que creíamos asegurados y descubramos que los fuimos perdiendo, uno a uno, mientras cada incumplimiento de la ley se convertía en parte de la normalidad.

Periodista Carlos Del Pozo

La pregunta puede parecer exagerada, pero basta observar el territorio nacional, porque la inmigración irregular, lejos de reducirse, se ha incorporado a la vida económica del país.

Hoy está presente en la agricultura, la construcción, el comercio, los servicios y el transporte, incluidos carros, guaguas y motoconchos; por tanto, no estamos ante un fenómeno reciente, sino frente a una realidad que se dejó crecer durante décadas.

El problema no comienza ni termina con quienes atraviesan irregularmente la frontera, porque detrás funciona una estructura de traficantes, transportistas, intermediarios, empleadores y propietarios que obtienen beneficios de esa población vulnerable.

Cada extranjero indocumentado que consigue trasladarse, trabajar y permanecer ha contado con participación o indiferencia dominicana, pues sin esa cadena interna de complicidades el tráfico ilícito no tendría el éxito que exhibe.

La contratación irregular estimula ese circuito, ya que algunos sectores han convertido la mano de obra extranjera indocumentada en un mecanismo para reducir costos, evadir responsabilidades y mantener salarios que muchos dominicanos no aceptan.

De ese modo, los beneficios permanecen en manos privadas, mientras las consecuencias migratorias, sanitarias, educativas y sociales son asumidas por el Estado.

Frente a esa realidad, el país continúa midiendo su política migratoria por operativos, detenidos y deportados, aunque se conoce mucho menos sobre las sentencias definitivas contra quienes protegen las redes.

Migración informó que durante 2025 judicializó 207 casos relacionados con delitos migratorios, 159 por tráfico ilícito de migrantes, mientras que en los primeros meses de 2026 había sometido otros 49 expedientes.

Sin embargo, detener no significa desarticular, del mismo modo que someter un expediente tampoco garantiza una sentencia.

En abril de 2025, un motociclista fue apresado por tercera vez en Montecristi mientras transportaba extranjeros indocumentados, lo cual demuestra que sus detenciones anteriores no impidieron que regresara a la actividad y que, para algunos traficantes, el apresamiento representa apenas una interrupción del negocio.

Tampoco basta con procesar al motorista o al conductor sorprendido cruzando personas, puesto que, si las investigaciones no alcanzan a financiadores, reclutadores, intermediarios, empleadores y posibles protectores institucionales, las estructuras sustituirán rápidamente al eslabón detenido.

Por esa razón, la persecución penal debe seguir el dinero y reconstruir toda la cadena.

En ese contexto adquiere especial importancia el caso del médico Yorkys Darío Espiritusanto Núñez, a quien la jueza Francis Diloné, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, impuso tres meses de prisión preventiva mientras es investigado por falsificar documentos utilizados para sustentar declaraciones de nacimiento de personas extranjeras como ocurridas en República Dominicana.

El expediente surgió después de que el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, detectara documentos con su logotipo y sello, además de firmas atribuidas a funcionarios, sin haber sido expedidos por los procedimientos oficiales.

Aunque una declaración de nacido vivo no concede automáticamente la nacionalidad dominicana, acredita las circunstancias de un nacimiento y puede sustentar otros trámites.

La investigación deberá establecer cuántos documentos fueron elaborados, durante cuánto tiempo funcionó el mecanismo, quiénes los solicitaron, cuáles llegaron a las oficialías y qué otras personas participaron, porque si el proceso se limita al médico sometido, sin reconstruir la estructura que posibilitó esos documentos, el país habrá tratado nuevamente la consecuencia sin desmontar la causa.

La identidad dominicana no se perderá por la presencia legal de extranjeros ni por el intercambio cultural, sino cuando el Estado deja de controlar sus fronteras, sus documentos y sus leyes; cuando la contratación irregular se convierte en modelo económico y cuando los traficantes reinciden sin condenas proporcionales.

Ninguna nación preserva su identidad si pierde la capacidad de decidir quién entra, quién permanece y bajo cuáles condiciones.