Litigation PR vs. vedetismo jurídico

ElAvance | 02 agosto 2026

Por Lilia Fernández

Del manejo inadecuado de estas estrategias mediáticas hemos decidido crear un término que creemos que no existía hasta ahora: el vedetismo jurídico, que no es más que la instrumentalización del canal mediático por parte de los abogados como sustituto de la competencia técnica o de la razón en los argumentos que se esgrimen."

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La comunicación en torno a un litigio tiene un nombre y una técnica. Se le conoce como litigation PR, término anglosajón utilizado para describir la gestión de la comunicación antes y durante un litigio, con el objeto de incidir bien en el resultado del proceso, bien en el impacto reputacional del cliente. Es una figura lícita y se entiende bastante útil por los manejadores de crisis en procesos legales. El problema no está en ella, sino en el punto en que la comunicación deja de acompañar al proceso para pasar a sustituirlo.

Conviene decirlo desde el principio: el abogado tiene derecho al discurso y su discurso está protegido. El principio 23 de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados de las Naciones Unidas establece que los abogados gozan de libertad de expresión, creencias, asociación y reunión, y que tienen derecho a participar en el debate público sobre el derecho, la administración de justicia y la promoción y protección de los derechos humanos.

Sin embargo, en ocasiones la estrategia de gestión comunicacional durante el proceso procura montar un juicio paralelo, el denominado trial by media, que pretende sustituir el debate legal y procedimental por un debate mediático. En otras ocasiones, la estrategia se enfoca en crear un impacto reputacional adverso para el contrario y, en ocasiones, para los abogados de este. De esta segunda modalidad se ocupan estas líneas.

Del manejo inadecuado de estas estrategias mediáticas hemos decidido crear un término que creemos que no existía hasta ahora: el vedetismo jurídico, que no es más que la instrumentalización del canal mediático por parte de los abogados como sustituto de la competencia técnica o de la razón en los argumentos que se esgrimen.

Este término tiene su origen en los años veinte y treinta, en los que se cuestionaba a las vedettes del espectáculo por exhibir el cuerpo, alegando que quienes acudían a ello lo hacían porque carecían de un talento real que mostrar. Aquel reproche era injusto y estaba cargado de la moral de su época.

Pero la estructura del argumento, la exhibición como sustituto del mérito, describe con exactitud lo que hoy observamos en cierto sector del gremio: abogados que, sin acreditar conocimiento de la ley ni resultados jurídicos que exhibir, se muestran ante los medios repitiendo afirmaciones inexactas con la esperanza de que la reiteración las convierta en verdad.

Este concepto se aleja mucho del litigation PR y podríamos describirlo como un uso desviado.

Cómo distinguir una cosa de la otra

Para estar en condiciones de identificar cuándo una estrategia de litigation PR pasa a ser vedetismo jurídico, entendemos que hay que analizar cuatro puntos:

Primero, la veracidad de la información. La distorsión de la verdad y hasta la exageración de las circunstancias convierten el argumento en falacia.

Este punto ha adquirido una dimensión nueva y particularmente grave: hoy estas campañas vienen acompañadas del uso de inteligencia artificial para distorsionar imágenes y contenidos, lo que permite fabricar aquello que antes solo podía insinuarse.

En nuestra legislación no hay regulación para el uso de la inteligencia artificial, pero otros países y regiones, como la Unión Europea, han avanzado en su regulación y establecen obligaciones de transparencia y etiquetado del contenido sintético.

Segundo, la finalidad de la comunicación mediática. Dista mucho el caso en que la misma procura contribuir a la administración de justicia, a través de la explicación de las estrategias de defensa o de la denuncia de irregularidades verificables, del caso en que pretende sustituir los argumentos jurídicos con el show mediático.

Es el criterio que ha venido decantando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la expresión del abogado recibe protección reforzada en la medida en que contribuye a la administración de justicia, no cuando la reemplaza (Morice c. Francia, Gran Sala, 2015).