Cuestionan cambio de medida a imputada en caso SeNaSa 

Santo Domingo. – La decisión que sustituyó la prisión preventiva de Ada Ledesma por arresto domiciliario generó reacciones encontradas este jueves, luego de que el abogado Miguel Surun Hernández calificara la medida como un revés para el proceso judicial que investiga el presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Surun Hernández, quien actúa como querellante y representante de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, sostuvo que la resolución emitida por el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional podría marcar un precedente que, a su juicio, debilita el expediente y dificulta que los implicados enfrenten sanciones ejemplares.

El jurista expresó su preocupación al considerar que la variación de la coerción podría abrir la puerta para que otros imputados soliciten el mismo beneficio, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier posible acuerdo entre las partes, al entender que ese tipo de mecanismos favorece la impunidad. Asimismo, afirmó que espera que las investigaciones continúen y permitan identificar a otros posibles involucrados en el caso.

En respuesta, el abogado de la imputada, Gustavo de los Santos, defendió la decisión del tribunal y aseguró que la prisión preventiva impuesta a su representada nunca fue proporcional. Explicó que la defensa presentó informes médicos que evidencian serias afecciones cardiovasculares, entre ellas una condición en la aorta que, según afirmó, representa un riesgo para su vida si permanecía recluida.

El defensor indicó que el juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión basándose exclusivamente en la nueva documentación médica, al considerar que el sistema penitenciario no dispone de las condiciones necesarias para atender una eventual emergencia de salud de la imputada.

Como parte de la nueva medida de coerción, el tribunal ordenó que Ada Ledesma permanezca bajo arresto domiciliario, utilice un grillete electrónico, se presente periódicamente ante las autoridades y deposite una garantía económica de RD$20 millones, con el propósito de garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso judicial.