El debate sobre la “ley mordaza” está ocultando el verdadero problema que el nuevo Código Penal intenta resolver

Carlos Del Pozo.
Periodista.

En las sociedades polarizadas el debate jurídico suele ceder terreno frente al debate emocional. Mientras el país discute si el nuevo Código Penal constituye o no una “ley mordaza”, ha quedado en segundo plano otro fenómeno mucho más profundo: las acusaciones sin suficiente sustento se han convertido en una vía para ganar audiencia, influencia y posicionamiento.

Durante las últimas semanas, el debate sobre el nuevo Código Penal ha quedado prácticamente reducido a una sola discusión; que, si la reforma constituye o no una “ley mordaza”, una controversia legítima que merece ser analizada con rigor, pero que también ha desplazado del centro del debate el cambio que experimentó la comunicación en la era digital y que, a mi juicio, explica mejor el sentido de una parte importante de esta reforma.

Ese problema no nació en el Congreso Nacional ni surgió durante la discusión del Código, sino mucho antes, cuando la revolución digital modificó los incentivos de la comunicación y convirtió la atención en uno de los activos más valiosos de nuestro tiempo. 

El jurista y profesor de Harvard Cass Sunstein, ha advertido que la arquitectura de las plataformas digitales favorece los contenidos capaces de generar mayor reacción emocional, alterando la deliberación pública y haciendo que la velocidad y la viralidad comiencen a competir con la verificación.

Durante décadas, una acusación irresponsable podía responder a diferencias políticas, personales o económicas; hoy existe además un incentivo mucho más poderoso: obtener audiencia, influencia y posicionamiento. 

La revolución digital no inventó la difamación, pero sí convirtió la acusación sin suficiente sustento en un activo capaz de producir notoriedad a una velocidad desconocida hasta hace pocos años, de manera que una acusación puede recorrer el país en minutos mientras una investigación responsable requiere tiempo y, cuando finalmente aparecen las pruebas o llega una sentencia, el daño a la reputación suele estar consumado.

Ese es precisamente el problema que el debate sobre la llamada “ley mordaza” ha dejado en un segundo plano, porque la discusión de fondo ya no consiste únicamente en determinar hasta dónde llega la libertad de expresión, sino en decidir si una democracia puede aceptar que las acusaciones formuladas sin el debido sustento se conviertan en uno de los mecanismos más eficaces para obtener notoriedad, influencia y posicionamiento público.

Una lectura posible de la reforma es que procura preservar dos derechos fundamentales llamados a coexistir como son; la libertad de expresión como garantía para investigar, denunciar y fiscalizar el poder y, al mismo tiempo, el derecho al honor, al buen nombre, a la imagen y a la dignidad de las personas. 

El propósito no sería impedir que la sociedad opine, sino establecer consecuencias cuando el ejercicio de esa libertad se convierte en un abuso que lesiona derechos de terceros.

Eso no significa que el Código haya quedado libre de críticas. Prestigiosos juristas han señalado artículos ambiguos y disposiciones que requieren mayor precisión, observaciones que deben contribuir a perfeccionar la ley sin perder de vista el fenómeno social que intenta enfrentar.

La diferencia entre una opinión y una imputación resulta esencial, opinar forma parte de la libertad de expresión; acusar a una persona de haber cometido un delito como si existiera una condena exige un deber mucho mayor de verificación porque puede afectar el honor, el buen nombre, la imagen y la dignidad. 

El problema nunca ha sido opinar; el problema comienza cuando una acusación se presenta como un hecho consumado sin el debido sustento.

Mientras el país continúa dividido entre quienes hablan de “ley mordaza” y quienes defienden la reforma, el verdadero desafío sigue esperando respuesta: cómo proteger simultáneamente la libertad de expresión y el derecho de las personas a no ver destruida su reputación por acusaciones formuladas sin el debido sustento. 

Ese, más que cualquier otro, parece ser el debate que el nuevo Código Penal intenta abrir.