Defensa Pública solicita destitución de fiscal de Violencia de Género en SDE por presunta detención ilegal de 13 personas

El director nacional de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, solicitó la destitución inmediata de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Santo Domingo Este/Norte, magistrada Ayeisa Cedeño, tras denunciar la presunta violación del plazo constitucional de 48 horas para presentar ante un juez a 13 personas detenidas.

Según explicó Valentín Santos, desde el pasado 1 de julio los 13 hombres permanecen privados de libertad sin que se haya celebrado la audiencia para el conocimiento de medidas de coerción, lo que, a su juicio, constituye una vulneración de las garantías constitucionales y del debido proceso.

"Estamos frente a una violación grosera del artículo 40, numeral 5, de la Constitución de la República, que establece de manera clara que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas siguientes a su arresto. Aquí se ha ignorado la Constitución y se ha dispuesto de la libertad de ciudadanos sin control judicial", expresó.

El titular de la Defensa Pública calificó la situación como un abuso de autoridad que, según afirmó, atenta contra la dignidad humana y el debido proceso, al tiempo que recordó que ningún funcionario está por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Asimismo, advirtió que este tipo de actuaciones afecta la credibilidad del sistema de justicia y debilita la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público.

Valentín Santos sostuvo que mantener a 13 personas detenidas sin el correspondiente control judicial constituye un acto arbitrario que, además de afectar a los imputados, impacta directamente a sus familiares.

Ante la gravedad de los hechos, informó que presentó una solicitud formal ante la Procuradora General de la República para que se disponga la destitución de la magistrada Ayeisa Cedeño, al considerar que incurrió en un abuso de poder y en un irrespeto a las garantías constitucionales.

"Cuando un fiscal viola la Constitución, el mensaje que se envía a la sociedad es que la justicia es selectiva. Eso mina la confianza ciudadana. Pedimos una sanción ejemplar para que esto no se repita", concluyó Valentín Santos.