Debate por reformas al nuevo Código Penal: propuestas buscan ajustes antes y después de su entrada en vigencia

República Dominicana. – El nuevo Código Penal de la República Dominicana, promulgado mediante la Ley 74-25 y previsto para entrar en vigencia el 6 de agosto del 2026, continúa generando debate entre legisladores, juristas y distintos sectores sociales, quienes plantean modificaciones para perfeccionar la normativa. La pieza sustituye un código vigente desde 1884, con el objetivo de modernizar el sistema penal y adaptarlo a las nuevas realidades del país.  

Entre los cambios se encuentra el endurecimiento de las penas para delitos graves, incluyendo corrupción administrativa, crímenes violentos y delitos sexuales, así como la ampliación de los plazos de prescripción en casos que involucran a menores y personas vulnerables. Además, establece el cúmulo de penas, permitiendo la acumulación de sanciones cuando una persona sea condenada por varios delitos. Sin embargo, fija un límite máximo: la pena resultante no podrá exceder los 60 años de prisión, aun en los casos de múltiples infracciones.
Estas medidas buscan fortalecer la protección a las víctimas y mejorar la respuesta del sistema de justicia.  

No obstante algunas disposiciones que se encuentran incluida en el código han generado controversia, llevando a representantes de algunos gremios y sectores a solicitar modificaciones. 

 El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha sido uno de los gremios más activos en el debate, al advertir que varias disposiciones podrían derivar en una excesiva criminalización del ejercicio médico. Según el gremio, el texto podría abrir la puerta a imputaciones penales por complicaciones propias de procedimientos clínicos o por supuestas omisiones en la atención, lo que, a su juicio, generaría inseguridad jurídica para los profesionales de la salud.

En paralelo, organizaciones de periodistas, comunicadores y defensores de la libertad de expresión han manifestado inquietudes sobre disposiciones del Código Penal relacionadas con la difamación, la injuria y la expresión en medios digitales. Estos sectores advierten que algunos términos del texto podrían ser interpretados de forma amplia, lo que, según plantean, abriría la posibilidad de sanciones penales por opiniones o críticas públicas, generando un efecto de autocensura en la prensa y la ciudadanía. Recuerdan que el Tribunal Constitucional ha emitido varias sentencias estableciendo la no privación de libertad por delito de prensa. 

Otro eje de discusión se centra en la creación y actualización de tipos penales, especialmente en áreas como los delitos tecnológicos, el crimen organizado y nuevas formas de violencia. El código introduce una tipificación más precisa de conductas delictivas, reduciendo ambigüedades legales y facilitando la aplicación de sanciones.  

Asimismo, diversos sectores han planteado ajustes en temas sensibles como las eximentes de responsabilidad penal, la proporcionalidad de las penas y la necesidad de revisar artículos que han generado controversia pública. Estas propuestas buscan evitar vacíos jurídicos y garantizar mayor claridad en la interpretación de la ley durante su aplicación.  

Finalmente, congresistas consultados coinciden en que el Código Penal debe entrar en vigencia, aun cuando requiera modificaciones posteriores, al considerar que se trata de una legislación dinámica que puede ser perfeccionada con el tiempo. 

En ese sentido, destacan que su implementación representa un paso clave hacia un sistema penal más actualizado, preventivo y acorde con las demandas sociales actuales.