Caso Oncológico Santiago continúa con retrasos y nuevas revelaciones 

Martin Severino | 20 junio 2026

Santo Domingo.– La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción vinculada al proceso judicial volvió a ser aplazada, luego de que se presentaran dificultades con la representación legal de algunos de los imputados.

La procuradora de corte Minar Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público está en condiciones de avanzar con el caso, pero que la sesión fue interrumpida debido a incidencias con la defensa de los acusados. Señaló que el abogado de Luisa Guzmán alegó falta de preparación para continuar, mientras que el defensor de Héctor Lora no compareció ante el tribunal.

La jueza del caso advirtió que el abogado de Lora deberá presentarse en la próxima audiencia, pautada para el martes 23 a las 4:30 de la tarde, o de lo contrario podría considerarse un abandono de la defensa.

En paralelo, el presidente del patronato del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Yván Mercader, reveló que la actual administración encontró alrededor de 50 familiares del exdirector Héctor Lora incluidos en la nómina de la institución, muchos de ellos sin funciones definidas, situación que calificó como parte de diversas irregularidades detectadas tras el cambio de gestión.

Mercader también cuestionó el proceso de elección de Lora como presidente del patronato, asegurando que se habrían vulnerado disposiciones estatutarias. Indicó que, según las normas internas, le correspondía asumir la presidencia tras el fallecimiento del titular anterior, pero en su lugar se realizaron elecciones.

Asimismo, afirmó que el exdirector habría permanecido más tiempo del establecido en el cargo y que durante su gestión se realizaron cambios internos fuera de los procedimientos reglamentarios, además de una supuesta concentración del manejo administrativo y financiero de la entidad.

El dirigente agregó que también se detectó una estructura de nómina sobredimensionada y pagos que no se ajustarían a las normativas internas, incluyendo asignaciones mensuales por concepto de representación. Ante este panorama, informó que la nueva administración inició un proceso de reorganización, depuración de personal y fortalecimiento de los controles institucionales.