Ricardo González advierte fallas en implementación de Ley 47-25 de Contrataciones Públicas

Santo Domingo. – Al cumplirse los primeros 100 días de la entrada en vigencia plena de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, el director de la Asociación de Contratistas, Ricardo González Hernández, cuestionó este viernes la forma en que ha sido ejecutada la transición hacia el nuevo modelo, señalando retrasos, vacíos normativos y confusión institucional.

A través de una publicación en su cuenta de X, González Hernández afirmó que, aunque la modernización del sistema era necesaria debido al agotamiento de la antigua Ley 340-06, la implementación gradual adoptada por el órgano rector “no ha dado los resultados esperados”.

El dirigente sostuvo que actualmente existen “criterios dispersos”, órganos de control confundidos y entidades contratantes operando sin lineamientos uniformes, debido a la ausencia de documentos estandarizados como pliegos tipo, contratos modelo y formularios oficiales.

Según explicó, varias de las nuevas modalidades contempladas en la Ley 47-25 aún no pueden ser utilizadas porque continúan “en desarrollo” o carecen de reglamentos específicos. Entre ellas mencionó la Licitación Pública Abreviada, los Convenios Marco, la Asociación para la Innovación y la Contratación por Resultado.

González Hernández también señaló que los manuales generales de procedimiento ordenados por la legislación todavía no han sido emitidos, pese a que el plazo legal para su elaboración venció en julio de 2025. A su juicio, esto ha provocado que las instituciones “adopten sobre la marcha” sus procesos de compras y contrataciones.

Otro de los puntos criticados fue la falta de una guía metodológica para los estudios previos exigidos antes de cada contratación, situación que, afirmó, ha llevado a que cada organismo aplique criterios distintos.

En su análisis, el director de la Asociación de Contratistas advirtió además sobre dificultades operativas relacionadas con el anticipo del 30 % para las MIPYMES, la aplicación de la certificación de oferta libre de colusión y la imposibilidad de ejecutar subastas inversas presenciales por falta de reglas operativas.

También cuestionó la continuidad de sanciones de inhabilitación permanente a proveedores, pese a que, según indicó, dichas medidas ya fueron derogadas y anuladas por el Tribunal Superior Administrativo.

“El problema no es la ley, sino la manera en que se está implementando”, planteó González Hernández, al insistir en que el país necesita un sistema de contrataciones que genere confianza y reduzca la percepción de corrupción en las compras públicas.

Finalmente, pidió que futuras auditorías de la Cámara de Cuentas tomen en consideración el contexto bajo el cual se han desarrollado los primeros procesos de aplicación de la nueva normativa.