“Ellos pierden en papel, tú pagas en salario”

Rolando Espinal.
Creador de contenido digital, en exclusiva para El Avance Digital.

Usted, que cada quincena ve cómo una tajada de su sueldo desaparece bajo las siglas ISR, conoce la cifra de memoria. Sabe que de sus RD$40,000 brutos, una parte se la queda el Estado antes de que usted pueda tocar ese dinero. Mientras tanto, la empresa donde trabaja —o la de aquel cliente que factura millones— cierra otro año fiscal declarando pérdidas. No es un año ni dos: es una década consecutiva en números rojos, sin que el negocio cierre, sin que los socios pierdan sus casas, sin que las camionetas de lujo desaparezcan del parqueo. Esa contradicción no es un misterio: es el mecanismo que hace del Impuesto Sobre la Renta un sistema cargado contra los que menos ganan.

El corazón del problema es simple. Los empleados formales sostienen la estructura tributaria con retenciones que rozan hasta el 27% de sus ingresos, sin posibilidad de discutir un solo peso. En los primeros dos meses de 2026, el ISR retenido a asalariados alcanzó RD$22,699.5 millones, es decir, el 81.7% de todo el ISR pagado por personas físicas. Mientras, más de 100,000 empresas —según los registros oficiales— acumulan pérdidas fiscales que desafían la lógica económica más elemental. Declaran que gastan más de lo que ingresan año tras año, y sin embargo no se descapitalizan: siguen contratando, ampliando locales, renovando flotillas y, sobre todo, costeando un estilo de vida que el trabajador que paga su ISR difícilmente puede imaginar.

La década perdida que nunca llega

Ningún negocio genuino sobrevive diez años consecutivos perdiendo dinero sin que sus dueños inyecten capital fresco, reduzcan drásticamente sus operaciones o cierren definitivamente. En la República Dominicana, sin embargo, abundan las empresas que llevan una, dos y hasta diez temporadas fiscales reportando pérdidas sin que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) active la presunción de que algo no cuadra. ¿El secreto? Un arte depurado que combina gastos personales inflados, facturación subdeclarada y una fiscalización que, pese a avances tecnológicos, sigue sin meterle el diente al fenómeno masivo de las pérdidas eternas.

Las cifras hablan solas. El economista Iván Rodríguez estimó en 2025 que la evasión fiscal dominicana supera los RD$700,000 millones al año. Esa suma, “endemoniada” en sus propias palabras, equivale a más de seis veces lo que los asalariados aportaron por ISR en enero y febrero de 2026. Puesto en términos más concretos: por cada peso que el Estado no recauda de quien debería pagar y no paga, la carga se mantiene o se eleva sobre la nómina de los trabajadores formales. Alrededor de 730,000 empleados están pagando más de lo que legalmente les correspondería, porque el monto exento del ISR lleva congelado desde 2017 en RD$34,685 mensuales, mientras la inflación ha devorado buena parte de su poder adquisitivo.

“Gastos”: el eufemismo que engorda balances

El Reglamento 139-98 del Código Tributario permite deducir los gastos necesarios para generar renta. Hasta ahí, nada objetable. El problema surge cuando ese principio se estira hasta convertirse en un agujero negro contable. Viajes familiares se disfrazan de convenciones; cenas, colegiaturas, combustibles, membresías de clubes, vehículos de alta gama y hasta las compras en el supermercado terminan registrados como “gastos de representación” o “viáticos”. El resultado es una base imponible artificialmente deprimida que deja la ganancia real en las sombras.

En temporada de verano y Navidad, la práctica se vuelve particularmente visible. Las convocatorias a “convenciones” en Punta Cana, Puerto Plata o el extranjero suelen incluir a la familia completa del socio, agendas empresariales de medio día —cuando existen— y el resto del tiempo ocupado en actividades recreativas para las cuales el fisco termina pagando una parte, vía deducción. El trabajador que recibe su salario mínimo o medio y ve el descuento del ISR en su cheque puede legítimamente preguntarse: ¿por qué mi patrón deduce las vacaciones de su familia y yo no puedo deducir ni el pasaje de la guagua para ir al trabajo?

Sin descapitalización y con las puertas abiertas

El argumento de las empresas que declaran pérdidas durante años suele girar en torno a la reinversión agresiva, a los altos costos operativos o a la estrechez de los márgenes. Pero si esas pérdidas fueran reales, el patrimonio neto se iría reduciendo hasta hacer inviable la operación. No es lo que se observa. Locales que reportan balances en rojo durante un decenio no solo mantienen las puertas abiertas, sino que modernizan sus instalaciones, adquieren bienes inmuebles y ofrecen a sus dueños un tenor de vida que ningún estado financiero “deficitario” podría explicar.

La clave está en que la pérdida fiscal no significa pérdida económica. Significa que la utilidad se desvió hacia partidas deducibles que, en realidad, son consumo personal de los accionistas. Ese dinero nunca se reporta como dividendo ni como utilidad gravable: salió por la puerta falsa de los gastos. Así, una empresa que en términos reales generó RD$20 millones de beneficio puede presentar un resultado fiscal de cero o negativo, eludiendo los RD$5.4 millones de ISR que le habrían correspondido. Mientras, un asalariado que gana RD$50,000 al mes termina pagando alrededor de RD$80,000 de ISR al año sin poder ocultar un centavo.

El costo de la desigualdad tributaria

Este esquema tiene consecuencias concretas. Cada quincena, el Estado extrae de la clase trabajadora una proporción de su ingreso superior a la que logra extraer de miles de unidades productivas que facturan mucho más. Las escuelas, los hospitales, la seguridad y la infraestructura que todos necesitamos se financian de manera desbalanceada. La presión fiscal dominicana apenas ronda el 15% del PIB, lejos del 22.9% promedio latinoamericano, pero dentro de ese 15% los asalariados formales cargan un peso que no guarda relación con su participación real en la generación de riqueza.

Además, la desigualdad fiscal distorsiona la competencia. La pequeña empresa que intenta cumplir con todas sus obligaciones compite en desventaja con aquella que infla gastos, subdeclara ingresos y acaba con un ISR ridículamente bajo o inexistente. El mercado premia al más hábil para esconder ganancias, no al más productivo. Y en el largo plazo, la sensación de injusticia corroe la disposición ciudadana a tributar, alimentando una informalidad que ya alcanza a más de la mitad de la fuerza laboral.

Lo que se necesita para dejar de financiar la simulación

Siete líneas de acción pueden empezar a corregir este desequilibrio sin necesidad de reformas constitucionales ni traumatismos políticos insalvables.

1. Ajuste automático del monto exento del ISR. Cumplir el artículo 296 del Código Tributario y aplicar una indexación anual por inflación. Si desde 2017 no se ha hecho, el Ejecutivo debe emitir un decreto correctivo de inmediato y establecer un procedimiento automático que no dependa de la voluntad del ministro de turno.
2. Presunción de renta mínima para empresas con pérdidas crónicas. Si una compañía declara pérdidas durante tres ejercicios consecutivos o cinco alternos en un período de siete años, la DGII debería presumir una renta gravable basada en indicadores objetivos del sector: metros cuadrados del local, consumo eléctrico, cantidad de empleados, activos registrados, etc. Quien insista en reportar pérdidas deberá probar, con auditoría externa certificada, que su negocio es genuinamente inviable, y si no, enfrentar una tasa mínima.
3. Trazabilidad obligatoria de los gastos de viajes, convenciones y representación. No más fotocopias de facturas sin contexto. Para que un viaje o una convención se considere deducible, la empresa debe presentar agenda detallada, listado de participantes con funciones dentro de la empresa, minutas de las reuniones de trabajo y un informe de resultados comerciales. Sin esta evidencia, el gasto se rechaza de plano y se expone a multas la empresa infractora.
4. Límite porcentual a los gastos de representación y viáticos. Fijar un tope —por ejemplo, 2% de los ingresos brutos— para este tipo de deducciones, como ya hacen Chile, Perú y otros países de la región. Los excesos se agregan a la renta neta gravable, sin posibilidad de arrastre a ejercicios futuros.
5. Auditorías masivas basadas en riesgo. La DGII cuenta hoy con facturación electrónica y grandes volúmenes de datos. Debe cruzar información para identificar sectores donde la rentabilidad declarada difiera de manera aberrante de la realidad económica, y concentrar allí sus recursos de fiscalización. El uso de inteligencia artificial, recomendado por la OCDE, puede acelerar exponencialmente la detección de patrones de evasión.
6. Transparencia fiscal de acceso público. Publicar, al menos de forma agregada por sector y por tramo de ingresos, los niveles de cumplimiento del ISR empresarial. También habilitar un portal donde cualquier ciudadano pueda verificar, sin exponer datos sensibles, si una empresa está al día con sus obligaciones tributarias. El control social es un poderoso desincentivo del incumplimiento.
7. Régimen de sinceramiento con castigo proporcional. Para empresas que deseen regularizar su situación, ofrecer una ventana temporal que condone solo intereses y recargos, pero no el impuesto principal, acompañada de la obligación de presentar balances depurados y someterse a monitoreo por los tres años siguientes. La indulgencia sin consecuencias solo premia al tramposo.

Conclusión: no hay crecimiento justo sin base fiscal justa

La imagen de una empresa que lleva diez años reportando pérdidas y una familia de accionistas que no ha perdido un solo fin de semana en un resort no es un estereotipo: es el paisaje fiscal que millones de trabajadores dominicanos contemplan cada vez que revisan su comprobante de pago. Mientras el ISR descanse sobre el salario de los que menos pueden evadir y deje intactas las maniobras de quienes han hecho del “gasto” un arte, el sistema tributario seguirá siendo un espejo roto de la desigualdad.

La próxima vez que usted vea el descuento en su sueldo, recuerde: no lo pagan todos por igual. Hay quien tiene abierta una puerta trasera tan ancha como diez años consecutivos de pérdidas de papel. Cerrar esa puerta, con reglas claras, auditoría implacable y un sentido básico de justicia, es la única manera de que el crecimiento económico de República Dominicana se traduzca realmente en desarrollo para todos. No es un capricho: es una deuda que el sistema tiene con quienes nunca han podido deducir la gasolina del carro que usaron para ir a trabajar.