$9.1 Billones de COP: la suma que dejó a Petro en controversial caso de corrupción en Colombia

Colombia.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reaccionado con indignación ante un reciente informe que revela una alarmante malversación de recursos destinados a obras públicas en el país. La cifra en cuestión, $9.1 billones de pesos colombianos, ha sido calificada por el mandatario como “el robo del siglo”, debido a las irregularidades detectadas en la ejecución de estos proyectos y el vencimiento de los contratos asociados.

El escándalo estalló tras el anuncio del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López Maya, quien reveló que los fondos públicos asignados a 2.094 proyectos no cumplieron con sus obligaciones contractuales. Estos proyectos, que en total suman $12 billones (aproximadamente 2.9 millones de dólares), presentan una serie de irregularidades, incluyendo plazos de ejecución vencidos y contratos suspendidos.

López Maya especificó que de estos 2.094 proyectos, 1.497 tienen plazos de ejecución vencidos que ascienden a $9 billones (2.2 millones de dólares). Además, 301 proyectos tienen todos los contratos suspendidos, equivalentes a $1 billón (248.000 dólares), mientras que otros 296 presentan tanto contratos suspendidos como plazos vencidos, sumando un total de $2 billones (496.000 dólares).

La administración colombiana subrayó la magnitud del desfalco al mencionar que los $12 billones perdidos podrían haber sido utilizados para resolver problemas fundamentales en diversas regiones del país. “Esos recursos debieron ser destinados a mejorar el acceso al agua potable, a construir alcantarillado, a edificar escuelas, centros de salud y vías para conectar los territorios. En lugar de eso, se convirtieron en una muestra flagrante de corrupción”, manifestó Petro.

López Maya ilustró con ejemplos concretos el impacto potencial de estos recursos mal administrados. Según el titular de Planeación, con los $12 billones se podría haber garantizado acceso al agua potable en la Guajira, una región históricamente afectada por la sequía; se podría haber implementado un sistema de alcantarillado y acueducto en Quibdó, una de las ciudades más pobres de Colombia; o haber mejorado el abastecimiento de agua en la región del Urabá.

El escándalo ha generado una ola de exigencias para una investigación exhaustiva y sanciones severas, en un momento en que el país enfrenta múltiples desafíos sociales y económicos. La administración de Petro se ha comprometido a tomar medidas al respeto.