2026: cuando el desorden mundial muestra su verdadero rostro

Luis Orlando Díaz Vólquez.

El año 2026 se perfila como una frontera histórica en la que el orden internacional revela, con mayor crudeza, sus fracturas acumuladas. Las instituciones que durante décadas sostuvieron la gobernanza global muestran signos evidentes de desgaste; los consensos se debilitan; y las naciones comienzan a comprender que la estabilidad del sistema no era una condición permanente, sino una arquitectura sostenida por intereses, equilibrios y voluntades políticas. El mundo ya no transita bajo la confianza plena en la globalización, el libre comercio, las alianzas tradicionales y el multilateralismo como mecanismos suficientes para administrar los conflictos entre potencias.

La nueva geopolítica está marcada por la desconfianza estratégica, la competencia tecnológica y el regreso de la fuerza —económica, militar, diplomática y comercial— como lenguaje dominante. El comercio deja de ser solo intercambio para convertirse en campo de disputa industrial; la tecnología se transforma en instrumento de supremacía; la energía adquiere valor geopolítico; las rutas marítimas se convierten en corredores de poder; y los datos, chips, cables submarinos, sistemas de pago, inteligencia artificial y estándares digitales pasan a ocupar el centro real de la competencia global. Como ha advertido el Fondo Monetario Internacional en su análisis sobre fragmentación geoeconómica, “tras varias décadas de creciente integración económica global, el mundo enfrenta el riesgo de una fragmentación geoeconómica impulsada por políticas públicas”. Esa advertencia resume el nuevo signo de los tiempos: la economía dejó de ser un territorio neutral de intercambio para convertirse en escenario de protección industrial, disputa tecnológica y redefinición del poder mundial.

El multilateralismo no ha desaparecido, pero ha perdido autoridad. La Organización de las Naciones Unidas enfrenta límites visibles para contener guerras, crisis humanitarias y violaciones al derecho internacional; la Organización Mundial del Comercio ya no opera como árbitro incuestionable de la economía global; y los organismos financieros internacionales actúan bajo presiones crecientes de deuda, tensión fiscal, desigualdad y financiamiento climático. Las reglas internacionales siguen proclamándose, pero su cumplimiento se vuelve desigual cuando chocan con los intereses de actores con suficiente poder para imponer excepciones. Esta contradicción desnuda una crisis no solo institucional, sino civilizatoria: la relación entre democracia, soberanía, mercado y seguridad está siendo redefinida.

En ese sentido, la advertencia del secretario general de la ONU, António Guterres, resulta especialmente pertinente: “No podemos crear un futuro adecuado para nuestros nietos con un sistema construido por nuestros abuelos”. La frase, pronunciada en el contexto del debate global sobre el Pacto para el Futuro, condensa la urgencia de reformar un sistema internacional diseñado para otro tiempo, otra correlación de fuerzas y otros desafíos.

En este nuevo contexto, la eficiencia ya no basta. Las cadenas globales de suministro, que durante años fueron presentadas como símbolo de integración y productividad, hoy son vistas también como fuentes de vulnerabilidad. Los países buscan resiliencia, autonomía estratégica y control sobre sectores críticos: alimentos, energía, medicamentos, tecnología, puertos, combustibles, semiconductores y manufactura avanzada. La economía mundial se reorganiza menos alrededor del costo mínimo y más alrededor de la seguridad nacional. Por eso, el Munich Security Report 2024, elaborado por la Conferencia de Seguridad de Múnich, advierte que el mundo debe evitar caer en escenarios cada vez más frecuentes de “perder-perder” derivados de la fragmentación del orden global. La cooperación sigue siendo indispensable, pero los Estados actúan con más cautela, más cálculo defensivo y mayor preocupación por las ganancias relativas que por los beneficios compartidos.

Para América Latina y el Caribe, el desafío es decisivo: actuar como espectadores periféricos de la reorganización global o convertirse en actores con visión estratégica. La región posee recursos naturales, biodiversidad, ubicación geográfica privilegiada, talento humano, potencial energético y un mercado relevante. Sin embargo, continúa limitada por ciclos de improvisación, baja productividad, polarización política, debilidad institucional y dependencia externa. Si actúa dividida, será tratada como zona de influencia; si negocia con inteligencia, puede posicionarse como plataforma de transición energética, seguridad alimentaria, nearshoring, servicios digitales, manufactura avanzada y diplomacia climática.

La República Dominicana debe asumir esta realidad con especial lucidez. Como economía abierta, turística, logística y comercial, cada tensión global impacta sus puertos, aduanas, zonas francas, energía, exportaciones, importaciones, migración y seguridad. La política exterior dominicana debe dejar de ser un ejercicio protocolar para convertirse en instrumento de desarrollo, defensa nacional y posicionamiento estratégico. En el siglo XXI, cada embajada debe operar como una antena de inteligencia económica; cada puerto y aeropuerto como infraestructura crítica; cada zona franca como plataforma de valor agregado; y cada política educativa como inversión en soberanía productiva.

En esa perspectiva, Meta RD 2036 representa una apuesta valiosa porque introduce ambición, planificación y sentido de dirección. Pero solo será verdaderamente transformadora si no se limita a duplicar el Producto Interno Bruto, sino que contribuye a duplicar capacidades nacionales: productividad, educación, tecnología, energía, logística, diplomacia económica, agroindustria avanzada e innovación. El propio presidente Luis Abinader lo expresó con claridad durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026: “Hoy no basta con crecer, hoy el reto es cómo crecemos y para quién crecemos”. Esa frase coloca el debate del desarrollo dominicano en su verdadera dimensión: no se trata únicamente de expandir cifras macroeconómicas, sino de construir una economía más productiva, inclusiva, competitiva y socialmente sostenible.

El desafío, por tanto, no consiste solo en crecer más, sino en crecer mejor. Meta RD 2036 debe traducirse en empleos formales de calidad, mejores salarios, reducción sostenida de la pobreza, fortalecimiento de la clase media, servicios públicos más eficientes y mayor capacidad del Estado para acompañar la transformación productiva. En palabras del presidente Abinader, “Meta RD 2036 no es un plan para el futuro lejano. Es una estrategia que ya está en ejecución”. Esa afirmación tiene importancia política y estratégica porque compromete al país con una agenda que no puede depender de coyunturas, improvisaciones ni ciclos electorales, sino de una visión nacional de largo plazo.

La República Dominicana necesita fortalecer sus sectores tradicionales, pero elevándolos de nivel: turismo más sofisticado, logística más digital, manufactura más tecnológica, agricultura más exportadora, energía más limpia y diplomacia más agresiva en lo económico. Los incentivos fiscales deben atraer inversión, pero también transferencia tecnológica, empleos calificados, encadenamientos locales e innovación. Las universidades deben dejar de ser simples proveedoras de títulos para convertirse en centros de productividad, investigación aplicada y formación de talento global.

La soberanía moderna ya no se mide únicamente por símbolos patrios, discursos solemnes o fronteras formales. Se mide por resiliencia institucional, capacidad productiva, autonomía tecnológica, seguridad energética, formación de talento y poder de negociación internacional. La geopolítica del siglo XXI no esperará a los países rezagados. Avanzará con o sin ellos. Y en esa marcha, cada nación deberá escoger entre reaccionar tarde ante los acontecimientos o construir, con visión de Estado, el lugar que quiere ocupar en la nueva historia mundial.