Reforma laboral de Milei avanza en el Congreso y genera protestas en Argentina

BUENOS AIRES.— La reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei continúa su avance legislativo en medio de un amplio debate político, sindical y empresarial. El proyecto, que forma parte del paquete de transformaciones económicas promovidas por el Ejecutivo, propone modificaciones estructurales en las normas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores.

Cambios en la jornada laboral

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la flexibilización de la jornada de trabajo. El texto contempla la posibilidad de implementar esquemas de hasta 12 horas diarias mediante un sistema de “banco de horas”, que permitiría compensar el tiempo adicional trabajado con descansos posteriores en lugar del pago tradicional de horas extras.

El oficialismo sostiene que esta modalidad otorga mayor flexibilidad a empresas y trabajadores para adaptarse a ciclos productivos variables. En contraste, sectores sindicales consideran que la medida podría alterar las condiciones actuales de protección laboral.

Modificaciones en indemnizaciones y despidos

La reforma introduce cambios en el cálculo de las indemnizaciones por despido. Se establece que la compensación se determine sobre el salario básico, excluyendo conceptos adicionales como bonificaciones o premios.

Además, se plantea la creación de un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes empresariales, destinado a cubrir eventuales indemnizaciones. Desde el Gobierno se argumenta que el mecanismo busca reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad al sistema. Sin embargo, dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) han expresado reservas sobre el posible impacto en los derechos adquiridos.

Derecho a huelga y servicios esenciales

Otro de los puntos debatidos es la ampliación de la lista de actividades consideradas servicios esenciales. La propuesta establece que, en esos sectores, deberá garantizarse un nivel mínimo de funcionamiento durante las medidas de fuerza.

Para el Ejecutivo, esta disposición apunta a asegurar la continuidad de servicios clave para la población. Organizaciones sindicales han señalado que podría limitar la capacidad de protesta y negociación colectiva.

Malestar social

La discusión legislativa ha estado acompañada por jornadas de huelga general, movilizaciones masivas y concentraciones frente al Congreso. Diversos gremios y movimientos sociales han manifestado su desacuerdo con algunos puntos del proyecto, mientras sectores empresariales han respaldado la iniciativa como una herramienta para dinamizar el empleo formal.

En la opinión pública, el tema ha generado posiciones divididas. Algunos ciudadanos consideran que la reforma puede contribuir a modernizar la economía, mientras otros expresan preocupación por eventuales cambios en las condiciones laborales vigentes.